Lejos de archivar las actuaciones, como solicitó el fiscal la semana pasada, el juez del caso del Jamón publicó ayer un contundente auto en el que se ratifica en la investigación (antigua imputación) del que fuera presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) de 2007 a 2011, el socialista Antonio Arrufat, que el pasado día 10, ante las presiones de Podemos, dimitió como delegado territorial de la DGA en Teruel tras haber declarado en calidad de imputado un día antes. El magistrado mantiene también los cargos contra el exdiputado provincial aragonesista Francisco Abril y el jefe de los Servicios Agropecuarios de la DPT, Rogelio Castaño.

En su escrito, el magistrado, Jerónimo Cano, sostiene que hay indicios "razonables y fundados" de "una más que posible indebida concesión de subvenciones" tanto por parte de la DPT como del Instituto Aragonés de Fomento (IAF ) al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel en el periodo 2009-2013. El juez quiere averiguar también si entre el CRDO y los organismos oficiales hubo amiguismo.

Añade que en el caso de la DPT la situación es aún más grave, pues el Pleno "levantó los reparos" del interventor, quien advirtió que, al no existir ni Ordenanza ni Plan Estratégico de Subvenciones, era imposible controlar las ayudas. Destaca el juez que esta forma de actuar era habitual, pues en 2011 Presidencia y Pleno levantaron 105 reparos.

El caso ha dado un giro de 180 grados al personarse como acusación particular el pasado lunes el expresidente del CRDO Eugenio García Belenguer, quien en febrero de 2014 denunció a sus antecesores por una presunta mala gestión de los recursos del Consejo del Jamón, dando lugar a la apertura de diligencias que aún hoy continúan. Esta nueva acusación respalda al juez en la línea de investigación abierta, de la que se desmarcó el fiscal."El dinero público es sagrado"

En el auto, el juez se erige en adalid del dinero público, al que califica de "sagrado". "Proviene de la ciudadanía, de su esfuerzo, de su trabajo diario y sacrificio y debe gestionarse con rigor, rectitud, de forma ecuánime y ejemplar". Y añade que, "conceder subvenciones sin soporte documental justificativo" y al margen del procedimiento legal establecido pasa a ser un "ilícito penal".

Como se apunta en el auto, la investigación podría extenderse ahora al resto de diputados provinciales –suman 25– que formaban el Pleno en la dos sesiones en que fueron aprobadas tres ayudas al Jamón –por valor de 68.000 euros– cuestionadas por el perito judicial por ser incorrecta la documentación justificativa de las mismas. Así, el número de investigados, actualmente 17, podría elevarse a casi medio centenar y el proceso dilatarse en, al menos, 3 años.

Los abogados de Arrufat, Castaño y Abril –Miguel Ángel Lou y Manuel Gómez Campos–, recurrirán la personación de García Belenguer al entender que no es procedente. Ambos opinaron ayer que este no puede sentirse perjudicado por la actuación de las instituciones públicas y por tanto no debe ser aceptado como acusación particular. Se opondrán también a que siga la investigación sobre sus clientes al considerar que obraron correctamente.