El expresidente de la Diputación de Teruel, Antonio Arrufat, ha defendido que las subvenciones concedidas por la institución al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel fueron legales y no fueron una "decisión unilateral" del presidente, sino aprobadas por órganos colegiados.

Tras haber sido llamado a declarar como imputado ante el juez que investiga posibles irregularidades en la gestión del Consejo, Arrufat, que ahora es delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, ha explicado a que la concesión de las ayudas investigadas fueron aprobadas por la junta de gobierno y el pleno.

"No hay ninguna decisión unilateral" del presidente, ha asegurado el político socialista, que ha explicado que la orden de pago final debe ir firmada por el interventor, el secretario y el presidente.

Ha recordado que las subvenciones investigadas estaban destinadas a la promoción del producto, y que la Diputación no solo apoya a través de esta línea de subvenciones al jamón sino también a otros Consejos Reguladores y asociaciones de productos de calidad.

En este proceso, ha recordado, el interventor manifestó "reparos al procedimiento, no al pago", al carecer la Diputación de una normativa general de subvenciones, pero la situación "se resuelve por indicación de los técnicos con un acuerdo del pleno, que es legal", ha sentenciado.

En todo caso, Arrufat ha resaltado su voluntad de colaborar con la Justicia aunque ha lamentado conocer ayer su imputación a través de los medios de comunicación, mientras que la notificación oficial no le ha llegado hasta este miércoles.

El expresidente ha dicho que "no descartaba" la llamada a declarar "como presidente o a como parte de la corporación entera" después de que lo hicieran los funcionarios de la Diputación.

Ante las peticiones de dimisión de su cargo actual como delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Arrufat ha dicho: "Estamos en campaña electoral, y no hay ningún juicio ni ninguna sentencia, simplemente me llaman a declarar con el auxilio de un abogado".

Por su parte, el exdiputado provincial por el PAR, Francisco Abril, también imputado por la misma causa, ha dicho que el procedimiento de concesión de las ayudas es "intachable", teniendo en cuenta la ausencia de esa normativa general de subvenciones, que actualmente sigue sin existir.

También ha recordado que "en esa convocatoria de subvenciones aparecían más organizaciones", y que frenar las ayudas por la ausencia de normativa general implicaría "paralizar toda la administración".

También ha manifestado su "sorpresa" por enterarse de la imputación a través de los medios de comunicación ya que hasta este miércoles no ha recibido la notificación oficial.

"Lo único que pido es que se esclarezca cuanto antes" ha dicho, para lo que ha mostrado su total disposición a colaborar con la Justicia.

A petición del fiscal, el instructor, les imputa a cada uno de ellos delitos de malversación y caudales públicos.

Las imputaciones se han efectuado tras analizar y valorar las declaraciones del pasado 22 de octubre de los interventores de la DPT y del jefe del Servicio Agropecuario de la DPT y diferentes informes, entre ellos uno de la Cámara de Cuentas.