En Tormón, uno de los últimos pueblos turolenses antes de llegar al Rincón de Ademuz y la provincia de Cuenca, llevan varios años removiendo las piedras en busca de una solución que detenga la pérdida de población. Pese a que nunca ha sido un pueblo grande, el número de vecinos censados ha pasado de cincuenta a comienzos de los noventa a apenas 28 en el último recuento. Su situación es idéntica a la de los otros 56 municipios aragoneses que el último informe del Consejo Económico y Social calificaba como demográficamente terminales: todos tienen menos de cien habitantes, con una pérdida de población entre 2000 y 2013 superior al 20%, un porcentaje de vecinos de más de 65 años superior al 40% y con 5 o menos niños entre 0 y 15 años.

La última iniciativa en Tormón está siendo recuperar un oficio del siglo pasado, el de resinero, para precisamente dar algo más de futuro al pueblo. “Se siguen con los trabajos para saber si podría ser rentable extraer resina de los pinos. No se podrían crear muchos puestos de trabajo, pero con tal de que se pudiera mantener una familia joven en el pueblo ya sería un mundo”, explica su alcalde, Faustino Archilaga, quien cree que la única solución para evitar que pueblos como el suyo sigan perdiendo vecinos año tras año es evidente: “Solo hace falta una cosa, dinero. Dinero bien distribuido para apoyar que empresas se instalen aquí y para que nuevos pobladores tengan servicios. Es una política cara, que duda cabe, pero es la única que hay” señala.

La eterna problemática sobre la despoblación ha repuntado a lo largo del último año después de que tanto en el Senado como en el Congreso se hayan empezado a diagnosticar al menos los síntomas mediante comisiones e iniciativas parlamentarias.

En mayo, la Comisión de Entidades Locales del Senado aprobó el informe de la Ponencia sobre despoblación que a lo largo del último año ha ido recopilando y estudiando medidas en pos de encontrar una solución que al menos detenga el problema demográfico que afecta a 17 provincias españolas, pero que muestra su rostro más crudo en Teruel, Cuenca, Soria y Guadalajara, triángulo geográfico que ya ha sido calificado como 'Laponia del sur', y que aglutina menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, el estándar que marca la Unión para que un territorio sea reconocido como zona con un problema de despoblación urgente, teniendo acceso a fondos específicos.

El problema reside en que la división territorial que contempla Europa pasa por las Comunidades Autónomas, y Aragón en su conjunto o Castilla y León o La Mancha sobrepasan este baremo de densidad demográfica. Una serie de problemas territoriales y de coordinación a los que intentó dar solución el informe de la Ponencia, que enfoca de manera nacional la “enfermedad” de la despoblación y que recogía entre sus propuestas la posibilidad de avalar el proyecto de la 'Serranía Celtibérica', para crear un sistema territorial integrado entre todas estas zonas despobladas.

El proyecto Serranía Celtibérica, impulsado por el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza Francisco Burillo, basa su razón de ser en el sustrato histórico-arqueológico que comparten diez provincias de cinco Comunidades Autónomas -Aragón, con la práctica totalidad de Teruel y las comarcas occidentales de Zaragoza, las dos Castillas con Soria, Cuenca y Guadalajara fundamentalmente, algunas zonas interiores del norte de la Comunidad Valencia y las alpujarras riojanas- que además tienen en la despoblación su mayor problema presente y futuro.

En total, una extensión de 63.098 km2 (como el doble que Bélgica), con una población censada de 487.417 habitantes que solo en los últimos tres años ha perdido más de 16.000 vecinos y una densidad de 7,72 habitantes por km2. De sus 1.263 municipios, 556 tienen menos de 100 habitantes, cuando en el resto de España hay 514. Para Burillo, coordinador del proyecto, la denominada Serranía Celtibérica es con diferencia “el territorio más desarticulado de la Unión”, pero su carácter multiprovincial impide que Bruselas lo reconozca como una zona que cumpla con los umbrales que le permitiría tener acceso a fondos específicos, cuando en realidad, según las investigaciones llevadas a cabo por lo promotores del proyecto, se cumplen con creces.

Prueba de ello fueron los datos del estudio que el año pasado los investigadores de Serranía Celtibérica realizaron en los municipios de los Montes Universales.

Con una extensión de 3.533 kilómetros cuadrados, este sistema montañoso entre Teruel, Cuenca y Guadalajara cuenta con apenas 5.753 vecinos censados. Un número que pese a lo escaso, se reveló incluso inferior después de que, tras analizar municipio por municipio, se comprobara que la población residente era de tan solo 3.459 habitantes, lo que da como resultado una densidad de apenas 0,98 habitantes por kilómetro cuadrado, menos incluso que en Laponia finlandesa, donde en su región más despoblada la densidad se eleva hasta los 1,63 habitantes, recibiendo por ello fondos de la Unión.

“A ello se suma que las pirámides de población en la Serranía son incluso más sangrantes que en Laponia”, señala Burillo, que cree que la Unión tiene una deuda histórica con las zonas de la llamada Serranía Celtibérica después de que en el tratado de adhesión de Suecia y Finlandia, en 1995, Bruselas reconociera la necesidad de apoyar territorios despoblados, ejecutando lo equivalente a 1.100 millones de euros solo durante el periodo 1995-99.

Pero, ¿cómo configurar un territorio multiprovincial que pueda ser reconocido por Bruselas para tener acceso a fondos contra la despoblación? “No estamos pidiendo nada nuevo ni nada extraño”, explica el catedrático. La Unión Europea reconoce en la actualidad 70 eurorregiones de carácter transfronterizo que, sin embargo, para el periodo 2014-2020 ha ampliado también a zonas interregionales. Con su creación de este modo se conseguiría avalar la Serranía Celtibérica como una zona con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado que podría estar gestionada por una fundación o por un consorcio, como se hace en la actualidad en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos donde participa Aragón y que el pasado treinta de octubre celebró un plenario.

Además, a nivel nacional, la Asociación Serranía Celtibérica también ha solicitado que esta zona sea reconocida para ser la quinta ITI (Inversión Territorial Integrada) de España, un programa pensado para zonas con problemas específicos y que por ejemplo ha dotado a Cádiz -la región con más paro en Europa- de 1.300 millones de euros para el próximo sexenio.

“La pelota está ahora en el tejado de las Comunidades Autónomas”

Pese a que el pasado día veinte la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón acogió la intervención de los impulsores del proyecto recibiendo el apoyo de todos los grupos políticos, para Burillo, “falta que las autonomías se pongan de acuerdo para hacer frente común ante Europa” y así opositar a estos fondos.

“Existe el apoyo del Congreso y el Senado, pero, de forma llamativa, son los gobiernos de los territorios autonómicos a los que más les está costando dar el paso necesario”, comenta el profesor, que la semana pasada volvió a enviar una carta a los distintos ejecutivos para que tomen una posición común.