El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel detecta numerosas irregularidades contables en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel de 2009 a 2013 y cree que se creó una empresa para "generar sobresueldos" y eludir el control legal.

En un auto en el que deniega la petición de sobreseimiento y archivo de la imputación a una de las vocales del consejo, el juez considera que la creación de la empresa Promorigen S.L. se realizó para descapitalizar desde el punto de vista financiero al CRDO, ya que todas las pérdidas de Promorigen que le provocaron tener patrimonio neto negativo fueron repuestas por el CRDO con dinero efectivo.

Así, el juez asegura en el texto que la nueva empresa "fue creada para generar sobresueldos, descapitalizar al CRDO y eludir su control mediante la figura del consejero delegado".

En ese sentido, añade el juez, el consejero manifestó en sede judicial que "ni tan siquiera sabía cuáles eran las funciones que le habían sido encomendadas".

Reprocha el juez a los miembros del Consejo de Administración de Promorigen que no hicieran nada, ya que al ser cien por cien del capital social del consejo de la denominación de origen, "existe una responsabilidad de tutela y buen gobierno".

Del informe pericial deduce también que "no había ingresos suficientes para las actividades que hacían" y además eso se acompañaba de "exceso de gastos por encima de lo normal" o incluso "gastos inflados".

Con este término, aclara el auto, se hace referencia a "la manifiesta corruptela instaurada en el seno del CRDO y de Promorigen, plasmada en sobresueldos y donativos"."Exceso de gastos"

De este modo define el juez un "exceso de gastos por encima de lo que una administración razonable hubiera gastado".

Detalla la existencia de gastos que no están "adecuadamente soportados", como adelantos de nóminas para el gerente, facturas de combustible sin justificar, arreglos de vehículos que no eran propiedad del CRDO, lotes de regalos, cursos de inglés o informática, retirada de efectivo por parte del gerente de hasta 28.283 euros sin justificar, comidas y alojamientos.

También se detalla el pago de multas y sanciones de tráfico impuestas a sus empleados, que el Consejo y Promorigen abonaban sin que posteriormente repercutiera a los causantes de las mismas.

Asegura que faltan autorizaciones del pleno por gastos que superaban el 2% del presupuesto, tal y como era preceptivo, y también constata que se contravino la legalidad al denegar a los vocales el acceso a documentación.

De ello responsabiliza al presidente, vicepresidente, director gerente y demás vocales que "habitualmente entregaban la documentación tarde y mal".

Hubo un déficit, añade, en el control interno del área de compras-gastos ejercido por los órganos de administración del CRDO y de Promorigen.

En todo ello tiene responsabilidad la gestoría que debía realizar el asesoramiento fiscal y laboral, recoge el auto.

"Existe un claro y manifiesto déficit de control interno", sentencia el juez, entre otras cosas por la "opacidad del gasto", además de que existía y era "frecuente una reiterada manipulación y distorsión de la información contable".

Avisa el juez de que la instrucción no está finalizada, ya que se halla pendiente de ampliación del informe pericial sobre las subvenciones remitidas al CRDO por parte del Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, Caja Rural de Teruel y el Instituto Aragonés de Fomento.