La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reclama a través de un informe que se instalen sistemas de videovigilancia con grabación en las dos habitaciones del centro asistencial El Pinar de Teruel que se utilizan para inmovilizar pacientes ante una crisis o alteración de su enfermedad. El objetivo, señala el documento, es garantizar la seguridad de los internos –personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual– durante la contención y con posterioridad a ella.

En agosto de 2008, una paciente de 34 años murió al estrangularse accidentalmente con los cinturones que la sujetaban a un sillón atado a su vez a un radiador. El abogado de la familia de la víctima, Clemente Peribáñez, señaló ayer que el Gobierno aragonés tendrá que indemnizar con 69.000 euros a su cliente tras haber admitido que faltó vigilancia debido a la escasez de personal el día del suceso y que, asimismo, hubo fallos en la inmovilización. De hecho, tras el accidente se estableció un nuevo protocolo de actuación que eliminaba los errores anteriores.

Desde el Departamento de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno aragonés señalaron que la sugerencia de la Defensora del Pueblo ya ha sido atendida y que se han puesto en marcha los trámites para dotar de cámaras de vigilancia a las dos habitaciones de contención de pacientes. Las mismas fuentes institucionales subrayaron que esta actuación, no obstante, requerirá de un plazo de tiempo aún no concretado, pues para su ejecución es necesario un permiso judicial y la aprobación de los familiares de los internos, ya que afecta a la protección de datos de estos últimos.

El informe de Becerril es el resultado de una visita sin previo aviso, en abril de 2013, de técnicos del Defensor del Pueblo al centro sociosanitario El Pinar, en el que viven 101 personas y otras 10 utilizan las instalaciones solo por el día. Entre los residentes hay personas con diagnóstico psiquiátrico, otros de discapacidad así como internos con ambos dictámenes.

El documento alerta de otros problemas en el Pinar, como el, a su juicio, predominio de una concepción más residencial que de rehabilitación y reinserción comunitaria. El informe señala que si bien el centro va dirigido a pacientes con pocas posibilidades de curación –tanto por su patología como por los muchos años de internamiento–, entre los residentes hay personas con patologías que requerirían de programas de rehabilitación psicosocial más intensos.Sin salidas de emergencia

Becerril denuncia que El Pinar no cuenta con detectores de humo ni salidas de emergencia y pide que se lleven a cabo las obras necesarias para garantizar la seguridad de los internos en el caso de que tuviera que realizarse una evacuación de emergencia por un incendio u otras causas. No obstante, la DGA ha informado al Defensor del Pueblo que está revisando el plan de evacuación del centro y planeando las reformas necesarias.

Otra de las carencias que detecta Becerril es la falta de sistemas de llamada o de alarma en las habitaciones de los pacientes en previsión de que estos necesiten ser asistidos de forma inmediata por el personal. Además, pide que se realicen las reformas necesarias para aumentar la intimidad de los residentes en los baños ya que si bien la falta de mamparas favorece la accesibilidad y manejo de los enfermos por parte del personal, también puede vulnerar el derecho a la intimidad de estos.

Recomienda también la puesta en servicio de libros de quejas y buzones de sugerencias en busca de una mejora de la calidad asistencial, así como una mayor participación de los internos en pequeñas tareas del centro. Becerril critica también que El Pinar no dé cuenta a las autoridades competentes de las agresiones o lesiones que sufren los residentes