Teruel
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... Y el exsecretario asegura que no vio "nada anormal"

Rafael Navarro ha declarado ante el juez que investiga las irreguaridades en la gestión.

El secretario de la Denominación de Origen Jamón de Teruel hasta 2012, Rafael Navarro, ha asegurado que durante los 23 años que ocupó este cargo no vio "nada anormal" en la gestión.


Navarro lo ha explicado a los periodistas a las puertas de los juzgados de Teruel donde ha acudido a declarar citado como testigo por el juez el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel que investiga las posibles irregularidades en la gestión del Consejo.


Navarro ha señalado que ocupó el cargo de secretario hasta 2012, cuando fue "despedido", y en ese tiempo no vio "nada anormal" en la gestión del Consejo Regulador.


Además, ha señalado que espera que "se aclare todo cuando antes" porque esta situación "mancha la imagen del jamón de Teruel".


El juez también ha tomado declaración al inspector Joaquín Novella, quien ha acudido al juzgado también como testigo del caso y que ante las preguntas de los periodistas sobre su declaración, Novella ha dicho que está sujeto a la "confidencialidad" como trabajador.


Estas declaraciones podrían ampliarse a otras personas en las siguientes semanas, según fuentes judiciales. El juez que investiga ese caso ha retomado hoy la toma de declaraciones después de levantar a finales del pasado mes el secreto de sumario.


El magistrado ha recibido el informe pericial y sigue ahora a la espera de recibir el informe del perito auditor, según informaron fuentes judiciales. De momento, no se ha realizado ninguna imputación y el juez, prosiguen las mismas fuentes, continúa investigando unas posibles irregularidades.


Después de la crisis institucional que supuso la dimisión de la mitad del Consejo Regulador, el presidente Eugenio García denunció públicamente posibles irregularidades en la gestión económica del Consejo y en la certificación de los jamones.


Una Junta Gestora se encarga ahora de la gestión de este organismo, después de que el Gobierno de Aragón decretara su disolución, y está a la espera de los resultados de una auditoría económica.