Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón, PSOE, CHA e IU, han exigido este martes descartar la construcción de la presa de Aguaviva en el río Bergantes (Teruel), al considerar que es una obra "innecesaria" que acarreará afecciones medioambientales "graves" en el entorno.

CHA e IU han defendido este martes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón dos proposiciones no de ley sobre este asunto, que han sido unificadas en una sola iniciativa.

La proposición no de ley resultante de estas dos, que ha contado con el apoyo del PSOE, ha sido finalmente rechazada por los votos en contra del PP y el PAR.

El proyecto de la construcción de la presa, en aras a la seguridad del embalse de Calanda, ha generado un "rechazo social" debido a su impacto en el medio ambiente, después de que el Boletín Oficial del Estado publicara, el pasado mes de mayo, que salía a información pública, han explicado.

Según ha apuntado el diputado de IU, Miguel Aso, afectaría a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), donde conviven el alimoche común, el halcón peregrino, el águila real o la chova pelirroja, entre otras especias.

Esta obra tendría también una repercusión negativa, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente en 2009, en las poblaciones de nutria, cangrejo autóctono, y peces nativos.

Por otro lado, dado que la presa se planifica para garantizar la seguridad en el embalse de Calanda, los tres grupos han planteado otras alternativas, "más baratas" y "con menos afecciones", como el recrecimiento de Santolea o un "aliviadero" en Calanda.

El diputado socialista Alfonso Vicente ha apuntado que el recrecimiento de Santolea multiplicaría la capacidad de riego de la presa de Calanda a unos 111 hectómetros cúbicos, lo que aliviaría el nivel de agua del embalse de Calanda

Además, ha añadido que la construcción de la presa de Aguaviva se realizaría en un plazo de 10 a 15 años, por lo que los problemas de seguridad del embalse de Calanda no estarían solucionados en breve tiempo.

"Levantar una presa de 70 metros de altitud no nos parece lo más adecuado", ha indicado Vicente, quien ha añadido que esta obra creará un "conflicto social y jurídico".

Por su parte, tanto el PAR como el PP han defendido el interés general, frente a la oposición de los vecinos de la zona, y han apelado a la seguridad de los ciudadanos.

El diputado del PAR Antonio Ruspira ha explicado que el personal técnico ha elegido esta actuación de las once soluciones planteadas, al tiempo que ha planteado compensaciones al municipio afectado.