Todos los partidos de la oposición han rechazado en el pleno del Ayuntamiento de Teruel el proyecto de reforma de la ley de Administración Local, principalmente porque, han explicado, limita la autonomía de los municipios, no atiende a las características especiales de Teruel y no concreta la financiación. 

El pleno ha debatido las mociones que en esta línea habían presentado Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y el PSOE, que finalmente no han salido adelante, y la que el PP ha sacado adelante en defensa de la reforma.

El portavoz de IU, José María Martínez, ha pedido la retirada del proyecto de ley porque a su juicio no asegura mejores servicios a los ciudadanos y teme que "se vayan a cargar los municipios" y potencia las diputaciones.

Ha reclamado además que el Gobierno de Aragón estudie cómo afectaría a Teruel este proyecto y ha demandado mayor negociación en el seno de la Federación de municipios y provincias. Para el concejal del PAR, Ricardo Eced, la última versión del proyecto respeta la organización comarcal de Aragón, y ha insistido en la necesidad de que la nueva ley respete el Estatuto de Autonomía.

Por parte de CHA, Paco Martín, ha criticado que el borrador "no habla de financiación de las diputaciones si tienen que asumir competencias de los ayuntamientos", y tampoco de financiación para los municipios, algo en lo que han coincidido los grupos de la oposición. Para Martín, este borrador "no responde al título de la ley porque se debilita el poder municipal y autonómico", y vuelve al modelo centralizador.

El PSOE ha reconocido la necesidad de reformar la administración pero en palabras de la portavoz municipal Mayte Pérez, "este borrador ni evita las duplicidades ni aclara las competencias".

Cree la concejal socialista que supone "un retroceso de 70 años reforzando las diputaciones", y, como el resto de grupos de la oposición, critica que la nueva normativa no tiene en cuenta las características singulares de la provincia, en la que la capital es la única localidad con más de 20.000 habitantes.

Por su parte, el PP ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que abordar la reforma de la administración "porque los anteriores gobiernos no le echaron mano", en palabras del primer edil, Manuel Blasco. La reiterado la voluntad del Gobierno de hacerlo "con el máximo consenso, en el seno de la Federación de municipios y provincias y fuera" y ha defendido además que gracias a las negociaciones de la comisión bilateral el proyecto recoge las singularidades de Aragón, como la administración comarcal, aunque ha reconocido también que "queda coja en la financiación". 

La moción del PP insistía en el apoyo a esta reforma que "garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos obligatorios de los ciudadanos", para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa bajo los principios de "eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera".

La oposición también ha criticado durante el pleno el punto en el que se aprobaba subir el sueldo a la secretaria de alcaldía por asumir labores de la plaza de jefe de gabinete que se suprime.

El concejal de IU ha criticado la medida, teniendo en cuenta los 16 despidos llevados a cabo en el Ayuntamiento y que sea una decisión "a dedo, unilateral".

Por su parte, Paco Martín ha explicado que había otras fórmulas como la gratificación "porque es una mochila que desaparece el día que desaparecen las funciones".

Para el PSOE es un "ataque a la neutralidad ideológica de un funcionario, intentando fidelizar de alguna manera a la persona a través de la recatalogación de un puesto de trabajo", y por ello Mayte Pérez lo ha considerado también "una falta de respeto al resto de funcionarios".

Blasco ha defendido que se trata de una medida de ahorro y que "no entra nadie a dedo ni del partido, sino que el trabajo lo hace un funcionario de carrera", además de destacar que el proceso se ha hecho "con la máxima transparencia, con los informes jurídicos favorables y llevándolo a la mesa de trabajadores donde nadie votó en contra".