La propietaria de los terrenos en el barrio de Pomecia de Teruel, Isabel Gorbe, ha considerado que la solución para el problema de ocupación de estos terrenos es "la gestión municipal". 

El juicio para decidir si se debe ejecutar o no el proceso de derribo de una treintena de viviendas ilegales en el barrio de Pomecia, que se ha celebrado este martes en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, ya ha quedado visto para sentencia.

El Ayuntamiento se opone a la demolición porque cree que se podría generar un problema social, mientras que el colectivo gitano que reside en las viviendas no quiere salir del barrio y en caso de hacerlo quieren alternativas.

Ante esta situación, Isabel Gorbe cree que la única solución a lo que considera una ocupación "ilegal" de sus terrenos es "la gestión municipal" porque está convencida de que en este asunto "el paso del tiempo, y las actuaciones municipales sobre todo, agravan mucho la situación".

De hecho, ha afirmado que "llevo más de 30 años intentando resolver esta problema, exigiendo que no se construya más y pidiendo al Ayuntamiento que se restablezca la legalidad urbanística en la zona", pero no lo ha conseguido. Ahora está segura de que, si se hubiera atendido a sus demandas hace tres décadas "en vez de 60 ó 70 edificaciones ilegales tendríamos 15".

Sin embargo, "hemos llegado aquí por la inactividad municipal en este tema" y, en este punto, ha advertido de que "lo único que ha hecho el Ayuntamiento ha sido convertirse en el principal ocupante de mis terrenos".

A los juzgados en 1988

En este sentido, Gorbe ha relatado que "voy a los juzgados por primera vez en 1988, cuando el Ayuntamiento ocupa 2.000 metros cuadrados de mi propiedad, con una pavimentación ilegal para dar servicios y accesos a las edificaciones ilegales en suelo que, en ese momento, era no urbanizable".

Una "ocupación" que "se repite en 2008, entonces más de 3.200 metros" también para pavimentar el suelo y dar servicios de alcantarillado, luz o agua al barrio, según la propietaria.

Desde entonces, el Ayuntamiento "no me ha contestado nada al respecto de esa ocupación" a pesar de que ella había solicitado que "me expropiara o que lo levantara". Una situación que denunció ante la Dirección General de Urbanismo y que lleva al expediente que concluyó en diciembre del año pasado con una orden de derribo de las edificaciones ilegales, que finalmente acabó paralizándose.

Por ello, y a pesar de que reconoce que es consciente de que la situación "no se puede solucionar en dos días" porque generaría un gran problema social al dejar a varias decenas de familias en la calle, Gorbe ha apuntado que "el Ayuntamiento siempre me pide que les dé más tiempo", pero "si se hubiera solucionado hace más de 30 años, habría 30 viviendas y sería más fácil".

Así, ha acusado al consistorio turolense de "haber dejado pasar ese tiempo, e incluso ha hecho obras urbanizando zonas de suelo no urbanizable y para dar servicio a viviendas ilegales".

Por último, ha criticado que "no es justo" que, a pesar de llevar solicitándolo desde el año 2000, "el Ayuntamiento me impide desarrollar una unidad de ejecución en la que podría construir 78 viviendas, a pesar de que quiero ir con legalidad", mientras que "a los vecinos que tienen casas ilegales sí les dejan construir".