La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclama desgravaciones fiscales de hasta el 10% para los particulares y empresas radicados en municipios que sufren el azote de la despoblación, como la gran mayoría de los existentes en la provincia de Teruel. Esta fue una de las medidas acordadas ayer en Teruel dentro de las Jornadas 'La despoblación en España', organizadas por la FEMP y en las que también se decidió reclamar un fondo estatal de 150 millones de euros anuales para las áreas más castigadas por la regresión demográfica.

Presidentes de varias diputaciones provinciales, alcaldes y distintos responsables institucionales han debatido durante dos días en Teruel sobre las medidas necesarias para frenar las despoblación de la España interior y cómo financiarlas. Como conclusión de los debates, se elaboró ayer una 'Propuesta para la creación de un índice corrector en los tributos del Estado para la lucha contra la despoblación', un documento que prevé la creación de un mecanismo de financiación para frenar la regresión demográfica. La FEMP, tras constatar que el proceso de concentración de la población en determinadas áreas en detrimento de la mayor parte del país continúa, trasladará las demandas acordadas en Teruel al Ministerio de Hacienda con el objetivo de que puedan ser atendidas, aunque solo sea parcialmente, en los presupuestos del Estado de 2011.

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel y anfitrión de la reunión, Antonio Arrufat, explicó que el 'índice corrector' supondría una dotación anual de 86 millones de euros, destinados a las 20 provincias que han perdido población desde 1950 hasta el presente. Para determinar la cantidad que corresponde a cada provincia se multiplicará el porcentaje de población perdida entre 1950 y 2000 por 200.000 euros. Según este criterio, a la provincia de Teruel, que ha perdido el 42% de sus habitantes en el último medio siglo, le corresponderían 8.400.000 euros.

Al 'índice corrector' habrá que sumar, según la propuesta de la FEMP, los fondos destinados a comarcas que se han despoblado dentro de provincias que, en su conjunto, ganan población, como ocurre con áreas de Zaragoza, Lérida o Castellón. Aplicando este criterio las ayudas se extenderían a un total de 30 provincias. Además, la FEMP reclama la creación de un mecanismo financiero destinado a mejorar las infraestructuras y los servicios de municipios de menos de 1.000 habitantes que también han perdido residentes desde 1950. En total, los tres conceptos sumarían 150 millones de euros anuales.

Arrufat señaló, no obstante, que la dotación de los fondos contra la despoblación en los presupuestos del Estado podría ser gradual. En su opinión, en 2011 sería "asequible" para el Gobierno habilitar una primera partida de 70 millones de euros.

Aplicación progresiva

El presidente de la diputación turolense señaló que, inicialmente, la FEMP pretendía fijar el fondo para provincias despobladas multiplicando el porcentaje de población perdida por 240.000 euros, pero, "siendo conscientes de la situación económica", la cifra se ha recortado a 200.000. Arrufat anunció que la FEMP "peleará" para que esta reivindicación sea atendida en 2011, aunque solo sea parcialmente, para ampliarla progresivamente en años sucesivos hasta los 150 millones.

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Juan Andrés Tovar, añadió que, para frenar la caída demográfica del medio rural, también es necesario aplicar "beneficios fiscales" tanto a particulares como a empresas, una ventaja que estimularía el asentamiento de población. Arrufat apuntó que la rebaja impositiva máxima debería ser del 10%, tanto en el impuesto de la renta para particulares como en el impuesto de sociedades para las empresas. El porcentaje se modularía en función de la regresión poblacional sufrida por cada municipio, con los máximos recortes para las poblaciones con mayores caídas demográficas.

Juan Andrés Tovar señaló que, a la hora de determinar los proyectos a financiar con cargo al 'índice corrector', deberá tenerse muy en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Los fondos serían gestionados por las diputaciones provinciales y se destinarían a fomentar el empleo femenino, mejorar las infraestructuras, fomentar las nuevas tecnologías, al cuidado del medio ambiente y a la diversificación económica, entre otras acciones.

Señuelos para la inversión

Uno de los expertos participantes en las jornadas, el profesor de Ciencias de la Administración de la Universidad de Granada Manuel Zafra, afirmó que las rebajas fiscales pueden ser un "señuelo" eficaz para estimular a la iniciativa privada en áreas despobladas. A su juicio, actualmente "no hay incentivos" para la iniciativa particular en las zonas en regresión demográfica. En su opinión, "debe haber una inversión pública" que sirva de estímulo.

El diputado provincial de Toledo José Gutiérrez destacó, al igual que Juan Andrés Tovar, el liderazgo de la Diputación Provincial de Teruel en la demanda de mecanismos financieros extraordinarios para combatir la despoblación.