Privatizar el alumbrado por 8 años permitirá su renovación íntegra sin coste para el Consistorio

La ciudad de Teruel podría sustituir su alumbrado público por otro más eficiente que ahorre hasta un 50% del consumo eléctrico en un plazo de 8 años y sin costes añadidos para el Ayuntamiento, según se desprende del pliego de condiciones propuesto por el Instituto para la Diversificación y Ahorro a la Energía (IDAE) para sacar a concurso la explotación y renovación de la iluminación de calles y plazas.

El pliego, que prevé privatizar la gestión del alumbrado público durante 8 años, estipula que el Ayuntamiento pagará a la empresa elegida el importe equivalente al coste actual de la electricidad y del mantenimiento del alumbrado, dos conceptos que suman 892.800 euros anuales. La compañía elegida tendrá que costear la renovación del alumbrado, con un presupuesto estimado de 1,5 millones de euros, con el ahorro del consumo energético que consiga.

El pliego es consecuencia de la auditoria energética de la ciudad recién elaborada mediante un convenio entre el Consistorio y el IDAE -entidad filial del Ministerio de Industria- que alerta de la escasa eficiencia del alumbrado.

La teniente de alcalde y concejala de Infraestructuras, Lucía Gómez, advirtió, no obstante, de que las bases de la licitación deben analizarse en comisión informativa y aprobarse en pleno. Añadió que el proceso de renovación del alumbrado dependerá de las prioridades de trabajo que se fije el equipo de gobierno PAR-PSOE.

Gómez dijo que la sustitución de las farolas y los equipos del alumbrado público por otros más eficientes y de menos contaminación lumínica sería muy beneficiosa a medio plazo para la arcas municipales y, a su juicio, "acabará siendo obligatorio por imposición de la normativa europea". La concejala explicó que la privatización del alumbrado no afectará al personal municipal dedicado a tareas de electricidad.

Entre las condiciones del concurso figura que el pago de la electricidad por el Ayuntamiento se revise en función de las variaciones de su precio en el mercado, mientras que el coste de mantenimiento del alumbrado se actualizará según la inflación. Al finalizar el contrato, el Consistorio, sin más costes de los que soporta actualmente por el recibo de la luz y por el mantenimiento, contará con una iluminación de calles y plazas eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El pliego de condiciones reconoce que el concesionario afronta "cierto grado de riesgo económico" porque deberá amortizar las inversiones de sustitución con el ahorro de la factura eléctrica que sea capaz de conseguir. Las cláusulas se basan, no obstante, en la auditoria del IDAE, que apunta las medidas precisas para mejorar la situación.

Para financiar la inversión, la empresa podrá optar a créditos blandos del propio IDAE. En caso de no cumplir el calendario de sustituciones, el Ayuntamiento podrá penalizar al concesionario con una rebaja de su aportación económica del 20% por cada año de retraso.

La empresa se comprometerá a presentar, en un mes, un plan de mantenimiento de la instalación de alumbrado, un documento que preverá la limpieza de las luminarias, al menos cada dos años, y la detección de farolas ineficaces al quedar ocultas por el arbolado.

Se obliga también a disponer de un "servicio de guardia" las 24 horas del día, a reparar las averías de farolas en las 48 horas siguientes a producirse, a desconectar de inmediato las tomas fraudulentas de la red municipal y a disponer de un detector de averías subterráneas para evitar la apertura de zanjas de más de tres metros, entre otras cuestiones. En caso de que una avería afecta a tres o más puntos de luz consecutivos y la reparación requiera de más de 48 horas, la empresa deberá instalar una instalación provisional.

Entre las actuaciones exigidas a corto plazo, figura la elaboración, en seis meses, de un plano de situación de todas las instalaciones de alumbrado público, además de un catálogo de todos los puntos de luz que precise su situación y características.