El Ayuntamiento revisará el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente en septiembre ante el rechazo generalizado que ha desatado entre colegios profesionales del sector inmobiliario, asociaciones de vecinos, comerciantes y la patronal de la construcción. Una vez reelaborados los aspectos que han provocado más oposición -alturas máximas, inhibición respecto a operaciones urbanísticas en marcha, solución para la edificación ilegal o prohibición de actividades comerciales en sótanos-, el documento volverá a someterse a un periodo de información pública de un mes.

El concejal delegado de Urbanismo, Luis Muñoz, admitió que la avalancha de alegaciones -particulares y de colectivos- obliga a "reestudiar a fondo" las propuestas del PGOU. Admitió que esta reelaboración y el nuevo plazo de información pública comportarán una demora en la aprobación final del nuevo planeamiento de la ciudad, que deberá sustituir al vetusto PGOU de 1985. A pesar del contratiempo, Muñoz no descarta aprobar la revisión con la presente Corporación, aunque admitió: "No podemos dormirnos en la tramitación".

El delegado de Urbanismo se mostró abierto a incorporar alegaciones a la revisión del PGOU, pero señaló que las propuestas que incluye el documento han sido meditadas y con el interés general como objetivo. Explicó que, por ejemplo, el mecanismo para regularizar las zonas de edificación ilegal obliga a sus propietarios a asumir importantes cargas. Sin embargo la solución ha tropezado con las críticas del Colegio de Arquitectos, la Asociación Empresarial Provincial de la Construcción, la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando. Todos coinciden en que supone un agravio comparativo para los propietarios de edificios levantados de acuerdo a la ley.

Muñoz añadió que la única solución que ha encontrado el Ayuntamiento para la construcción irregular es la recogida en el PGOU e instó a los colectivos que la rechazan a plantear alternativas, porque "la realidad es tozuda y este es uno de los principales problemas de la ciudad".

En total, el PGOU ha recibido 650 alegaciones que deberán ser contestadas por el Ayuntamiento. La gran mayoría de ellas corresponden a particulares que plantean reparos puntuales, pero también se han contabilizado treinta alegaciones de colectivos por cuestiones de fondo.

Entre las alegaciones de colectivos, figuran las de la Asociación de Comerciantes del Ensanche, la Fundación Ollerías Siglo XXI, Izquierda Unida y las asociaciones de vecinos de San Julián y el Centro Histórico. Los comerciantes del Ensanche y La Fuenfresca reclaman, por ejemplo, más edificabilidad para el suelo del complejo Pinilla porque, con la actual, consideran inviable el complejo comercial, cultural y recreativo que proponen las asociaciones de vecinos y comerciantes.

Degradación de edificios

Entre las preocupaciones vecinales, ocupa un lugar destacado el recorte de las alturas máximas en amplias zonas de la ciudad, lo que dejará fuera de ordenación a cientos de edificios. Esta situación impide la realización de reformas y, a largo plazo, puede acelerar la degradación de los inmuebles. La Federación San Fernando cuestiona también la fórmula del "planeamiento remitido" porque supone renunciar a planificar amplias zonas de la ciudad, una postura que comparte IU.

Los constructores coinciden en algunas quejas con el Colegio de Arquitectos y la Federación San Fernando, aunque añaden otros reparos, como la edificabilidad demasiado baja para que, a su juicio, puedan desarrollarse los suelos urbanizables. Además, consideran que el PGOU debería adaptar sus fórmulas de gestión a la nueva Ley Urbanística de Aragón.