La Asociación de Empresas Forestales de Aragón en Teruel, a través de la Confederación Empresarial, ha reclamado ante el Ministerio de Medio Ambiente la declaración para los territorios aragoneses destruidos por los incendios de julio de este año como zonas de actuación urgente con objeto de que no haya más demora en la recuperación de las áreas quemadas por las llamas.

La petición ha sido respaldada por un exhaustivo estudio sobre la flora, fauna y características geológicas de la superficie turolense arrasada por las llamas, en el que se especifican las pérdidas ocasionadas y la necesidad de adoptar medidas para paliar los efectos adversos. Los seis incendios calcinaron un total de 10.735 hectáreas de 17 términos municipales.

El presidente de la Confederación Empresarial Turolense, Carlos Mor, reclamó, además, para Teruel el mismo trato que se dispensa a otros territorios españoles que también han sufrido este verano el efecto de los incendios forestales. "Estamos viendo cómo a pesar de tener la provincia de Teruel la mayor superfice forestal incendiada durante este verano, es la última en la que se interviene", señalaba el dirigente empresarial.

Mor considera que esta demora en poner en marcha medidas para la regeneración de las superficies calcinadas tiene el agravante de que afecta al principal recurso económico de la provincia. "La riqueza forestal -explicaba el empresario- es uno de nuestros mayores valores, y si no se restaura, nos empobrece". Agregó que la experiencia del incendio forestal del Maestrazgo, ocurrido en 1994 y que arrasó 18.000 hectáreas de monte, demuestra las graves afecciones que este tipo de siniestros provoca en la capacidad de crecimiento y en la renta directa de los territorios.

Informe técnico

El estudio técnico encargado por los empresarios cifra en más de 93 millones de euros las pérdidas ocasionadas en el medio natural, a causa de los seis incendios declarados en la provincia de Teruel. Y especifica que el coste estimado para la restauración ambiental y socieconómica de las zonas afectadas asciende a 69,5 millones de euros.

En el documento, se afirma que las actuaciones propuestas para la recuperación de los bosques y de infraestructuras pueden generar entre 150 y 180 empleos directos en un horizonte de ocho años.

Carlos Mor considera que hay que resolver cuanto antes el problema medioambiental, con sus repercusiones económicas añadidas, generado en los montes quemados, y se lamenta de que esta provincia esté siempre a la cola en las prioridades de las administraciones. "En el estudio técnico que hemos enviado al Ministerio de Medio Ambiente pedimos una actuación urgente, porque pensamos que la DGA ha tenido una mayor capacidad de reacción", indicaba el presidente de la Confederación Empresarial. A juicio de Mor, la DGA tiene "sus limitaciones" tanto presupuestarias como de competencias a la hora de adoptar medidas para paliar los daños, y añadió que, además, "sería un agravio comparativo que aquí interviniera el Gobierno autónomo y en otros territorios, la Administración central".

El estudio encargado por los empresarios propone no solo la restauración de las zonas quemadas, el 70% de las cuales corresponde a montes arbolados, sino también la dotación de infraestructuras preventivas.

Entre las propuestas que el informe cree necesario adoptar, figura la necesidad de intervenir en "el menor tiempo posible" en la restauración de la cubierta vegetal. El estudio sostiene que la regenaración natural solo será posible si se elimina la madera y los restos vegetales quemados.

Se plantea, igualmente, la reforestación de las zonas arboladas que no hayan conseguido regenerarse de forma natural y espontánea, así como la corrección hidrológica del terreno para impedir la erosión del terreno. Paralelamente, se cree necesario llevar a cabo tratamiento selvícolas de mejora y revitalización de las masas supervivientes. El informe no se olvida de las infraestructuras de caminos para favorecer los accesos.