El Ayuntamiento multará hasta con 1.500 euros el botellón cuando altere la convivencia cívica

El Ayuntamiento de Teruel no prohibirá el botellón en espacios públicos si es realizado por mayores de edad, aunque lo sancionará con multas de hasta 1.500 euros si esta extendida práctica causa graves molestias vecinales. Ensuciar el entorno o consumir bebidas en envases de cristal o latas comportará también sanciones por infracción leve de hasta 750 euros. La regulación del consumo de bebidas alcohólicas en la calle es uno de los apartados de la ordenanza de convivencia cívica, cuyo borrador inicial acaba de ser presentado por el equipo de gobierno PAR-PSOE ante el Consejo de Participación Ciudadana para su debate.

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Luis Muñoz, definió la propuesta de ordenanza cívica como "la menos mala" para afrontar problemas como el botellón, cuya solución no pasa, a su juicio, por una prohibición tajante, salvo en el caso de menores de edad. Muñoz indicó que esta forma de consumo de alcohol se regula para que "no tenga efectos secundarios negativos para los vecinos y la ciudad", como acumulación de suciedad en calles y jardines, rotura de mobiliario urbano o molestias al vecindario. A juicio del concejal, la normativa será una "herramienta" útil para que la Policía Local pueda afrontar este fenómeno juvenil.

Luis Muñoz consideró inviable la erradicación del botellón, "habitual y muy enraizado en los jóvenes". Respecto a la posibilidad de habilitar espacios para esta práctica -apuntada por algunos colectivos ciudadanos-, la consideró difícil de concretar, sobre todo por el rechazo que este tipo de recintos genera entre los vecinos.

La ordenanza aborda otras muchas cuestiones, como el vandalismo contra el mobiliario urbano o las zonas verdes, la circulación de bicicletas por espacios peatonales, la colocación de cartelería publicitaria, el manejo de animales domésticos o la realización de grafitis. La propuesta normativa prohibe la entrada de las mascotas a parques y lugares frecuentados por niños y obliga a los propietarios de perros a recoger las deyecciones de estos animales de los espacios públicos. Infringir este precepto se considera infracción grave, lo que conllevará multas de hasta 1.500 euros.

Sin servicios a la comunidad

Finalmente, el Ayuntamiento desiste de su intención inicial de sustituir las sanciones pecuniarias por la realización de pintadas por servicios a la comunidad en el caso de menores. La ordenanza solo contempla la penalización con multas, que pueden llegar a 1.500 euros por hacer grafitis en elementos de transporte público o privado, en el mobiliario urbano, en fachadas de edificios y en parques y jardines. Sin embargo, la cuantía se dispara hasta los 3.000 euros si la pintada se efectúa sobre monumentos, y la infracción se cataloga como muy grave.

Luis Muñoz explicó que la imposición de servicios a la comunidad como alternativa a las multas impuestas a grafiteros es de difícil encaje legal y puede resultar muy costosa económicamente para el propio Ayuntamiento. Muñoz no descartó de plano esta opción, pero la consideró muy remota.

El edil justificó la exclusión de las peñas juveniles de la ordenanza cívica por el carácter "casi público" de estos locales, cuya regulación no encaja, a su juicio, en una norma que afronta actitudes individuales. Luis Muñoz señaló que esta cuestión es de compleja ordenación pero indicó que la Gerencia de Urbanismo trabaja en la elaboración de una normativa al respecto.