El fiscal pide prisión para el promotor de 800 viviendas y un campo de golf en San Agustín.

Vicente Orts, el empresario promotor de una urbanización con más de 800 viviendas de madera y un campo de golf en la localidad de San Agustín -130 habitantes-, se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Teruel acusado de haber cometido un delito contra la ordenación del territorio que habría consistido en empezar a urbanizar el terreno y realizar las primeras obras sin contar con los permisos necesarios.

Orts se enfrenta a una petición de pena por parte del Ministerio Fiscal -la única parte acusadora- de 18 meses de prisión, una multa de 15.000 euros, inhabilitación por dos años para trabajar como constructor o promotor y la obligación de demoler todo lo construido, presuntamente, de forma ilícita. Por el contrario, su abogado defensor, Javier Viciano, pidió para el imputado la libre absolución por entender que este nunca tuvo intención de construir saltándose la ley y que todos los problemas urbanísticos detectados por la Administración y expuestos por la Fiscalía eran subsanables.

En concreto, el fiscal acusó a Orts de haber realizado varios tramos de viales, montado dos casas de madera, rehabilitado una masía, construido una nave e instalado servicios de agua, luz y saneamiento, sin estar aprobado definitivamente el planeamiento urbanístico de San Agustín en el que debía ir contemplada la urbanización y sin tener licencias del Ayuntamiento. En sus conclusiones, el fiscal afirmó que esas obras eran "el comienzo de una urbanización que no tenía cobertura legal".

La costa, agotada

El promotor, que recaló en San Agustín por las posibilidades que ofrecía la autovía Mudéjar una vez agotado el modelo urbanístico de costa y por tratarse de un municipio próximo a Olba, donde vivieron sus bisabuelos, se defendió diciendo que en las primeras fases del proyecto todo parecía indicar que no habría problemas en su ejecución. Explicó que compró los terrenos cuando ya había firmado un convenio con el Ayuntamiento para costear él mismo los trámites del plan general de ordenación urbana, que no existía; segregó de la finca matriz unas parcelas para instalar en ellas las dos casas de madera con todas las licencias preceptivas y aún cuando, al cambiar la Corporación en mayo de 2007, empezó a encontrarse con todo tipo de reparos administrativos por parte de los nuevos concejales, él seguía pidiendo las licencias. "Me han llevado a engaño verbalmente en todos los temas, cuando todo lo hice con luz y taquígrafos", dijo.

La secretaria municipal de San Agustín, que declaró como testigo, explicó que el Ayuntamiento no concedió las licencias solicitadas por Orts ante los informes desfavorables de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. Admitió que al Consistorio llegaron unas cantidades de dinero del promotor en concepto de permisos de obras, pero que eso "no quiere decir que se le hubieran dado". Orts, sin embargo, estima que hubo otorgamiento de licencias por silencio administrativo.

Otro de los testigos fue el ex director general de Urbanismo de la DGA, Julio Tejedor, quien justificó la oposición de esta institución al proyecto San Agustín Golf Club -como fue denominado-, en que el número de viviendas multiplicaría por cinco al de habitantes, y ello en una población con el plan general de ordenación urbana sin terminar.

La urbanización fue publicitada en internet, donde se ofrecía incluso la posibilidad de reservar una vivienda. La defensa argumentó que "vender futuro no es delito" y que esta práctica es habitual en el mercado inmobiliario. Al término del juicio, que quedó visto para sentencia, Orts se declaró inocente y afirmó haber seguido "paso a paso todos los trámites administrativos".