Un abogado y un empresario, condenados a prisión por tráfico ilegal de personas

La Audiencia Provincial de Teruel condenó ayer a dos años de prisión a un empresario, David Andrés Llopis, y a un abogado, Francisco José García Nicolau, por cursar un total de 60 contratos falsos para otros tantos inmigrantes de nacionalidades rumana y marroquí. Los procesados solicitaban a la Administración la llegada a la provincia de Teruel de extranjeros para cubrir puestos de trabajo en empresas fantasmas.

Los hechos se remontan al año 2005, fecha en que Rumanía no formaba parte de la Comunidad Europea y sus ciudadanos eran considerados, por tanto, extracomunitarios. En una primera ocasión, Andrés Llopis y García Nicolau, ambos procedentes de la Comunidad Valenciana, lograron que 27 extranjeros vinieran a Teruel con el señuelo de un precontrato de trabajo para una granja avícola en la localidad de Peralejos -en teoría, sucursal de otra industria de la misma actividad radicada en Sueca (Valencia)- que en realidad no existía y sobre la que ni tan siquiera había planes de que funcionara algún día.

En otro momento, fue García Nicolau quien presentó en las dependencias administrativas del Ministerio de Trabajo en Teruel un total de 33 ofertas laborales para dos empresas radicadas en la Comunidad Valenciana que no tenían actividad. En esta ocasión, las solicitudes fueron desestimadas. El procesado acudió a Teruel en busca de una mayor agilidad en la tramitación, puesto que la mayor demanda que se registraba en Valencia ralentizaba el proceso.

Acuerdo con el fiscal

El juicio, fechado para ayer, no fue necesario celebrarlo por completo al reconocer los hechos los dos acusados y alcanzar así un acuerdo con el Ministerio Fiscal. De esta forma, la Fiscalía, que en sus conclusiones provisionales pedía para cada uno de ellos seis años de prisión, rebajó la condena a solo dos años de cárcel.

Andrés Llopis y García Nicolau ya estuvieron en la cárcel seis meses por lo ocurrido y en la actualidad se encuentran en situación de libertad bajo fianza. Se les ha condenado ahora por un delito de tráfico ilegal de personas o ciudadanos extracomunitarios.

Beneficios

El fiscal encargado del caso, Jorge Moradell, explicó que no se ha podido acreditar si los acusados cobraron o no dinero a los inmigrantes a cambio de las ofertas de trabajo, al no haber sido posible intervenir cantidad alguna. No obstante, el representante de la acusación pública destacó que, aún sin haber beneficios, proponer un empleo falso resulta una estafa tanto para el extranjero, que se encuentra de pronto sin medios económicos en un país desconocido, como para la sociedad a la que llega, que acoge a una persona que no tiene trabajo.

Empadronamiento masivo

El fraude cometido por el empresario y el abogado se destapó no por una denuncia de los inmigrantes afectados sino por las pesquisas policiales. A los agentes de la Policía Nacional no les pasó desapercibido el empadronamiento masivo de extranjeros en la pequeña localidad de Peralejos, que con solo 93 habitantes, recibía de golpe una treintena de inmigrantes y todos domiciliados en la misma vivienda.

La de ayer no es la primera sentencia condenatoria en los últimos años en la provincia de Teruel contra empresarios por estafa laboral a inmigrantes. El fiscal Moradell destacó que ya han sido varios los procedimientos judiciales que han demostrado la existencia de fraude en la contratación de extranjeros, lo que, en su opinión "pone de relieve, cuando menos, que es necesario hacer una reflexión sobre la política migratoria de España". "Son casos reiterados que prueban que un número importante de los contratos son fraudulentos", consideró.

Moradell reclamó un mayor control administrativo, si bien destacó que en la actualidad ya se está llevando a cabo mucha más observación y vigilancia sobre las ofertas de trabajo a extranjeros que hace tres años, cuando ocurrió el fraude que ayer fue visto en la Audiencia Provincial de Teruel.