La construcción de la Vía Perimetral de Teruel, abierta al tráfico el pasado abril tras una inversión de 16 millones de euros, invadió 30.900 metros cuadrados de suelo sin expropiar, según revela un reciente informe municipal. La superficie que fue ocupada sin haber sido expropiada previamente se reparte entre 12.900 metros cuadrados de 17 fincas del Ayuntamiento y 18.000 de 42 fincas privadas. La mayoría del terreno es no urbanizable, aunque también hay suelos urbanos y urbanizables. La ocupación de una extensión mayor de la prevista se debió, según explicó el consejero delegado de la sociedad municipal Urban Teruel S. A., el concejal Luis Muñoz, a la ampliación de la calzada de los dos carriles proyectados inicialmente a cuatro.

Frente a la necesidad de expropiar suelo ya ocupado por las obras, el Ayuntamiento se dispone a devolver 13.500 metros cuadrados que expropió antes de ejecutar el proyecto pero que, por modificaciones del trazado, no utilizó finalmente. Este terreno sobrante se distribuye entre 8.500 metros cuadrados de 43 fincas privadas y 5.000 de 15 parcelas municipales. Luis Muñoz manifestó sus dudas sobre si los propietarios del suelo expropiado no utilizado tienen la obligación de aceptar la devolución o pueden exigir la compensación correspondiente por la expropiación.

El balance final supone que la Vía Perimetral ocupó 17.400 metros cuadrados más de los previstos. Muñoz consideró que un aumento del suelo afectado del 17% -la obra ocupa unos 100.000 metros cuadrados- no es un porcentaje elevado teniendo en cuenta que permitió duplicar la capacidad de la circunvalación.

Luis Muñoz admitió que el precio a aplicar al suelo que el Ayuntamiento tendrá que expropiar será el que ha fijado el Jurado Provincial de Expropiaciones, 80 euros por metro cuadrado. La valoración, en el caso del suelo no urbanizable, multiplica por 180 las estimaciones del Consistorio. En total, el importe de la expropiación del suelo para la Perimetral pasará de los 500.000 euros previstos a 8 millones, un importe que, de tener que abonarse, supondría un duro golpe para las arcas municipales. Luis Muñoz confió en que los propietarios de los terrenos afectados por las obras renuncien al cobro en efectivo a cambio de compensaciones en forma de derechos edificatorios.