Indignados se mostraron ayer tanto el alcalde de la localidad turolense de Aliaga, José López, como el portavoz de la plataforma ciudadana "Salvemos Aliaga", Simón García, ante la decisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) de paralizar el proyecto previsto por la empresa Neoelectra en este municipio.

La valoración negativa de este organismo, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, pone en peligro -advirtieron- una inversión que alcanza los 28 millones de euros y que supone la creación de más de 20 puestos de trabajo. Y también "el futuro de esta localidad", insistió López, que recordó que el informe del Inaga se llevará además por delante los 11 empleos directos que la empresa generó con una central eléctrica que ya está en marcha.

Por eso, el Ayuntamiento de la localidad ha pedido a la empresa, "la primera que ha venido al pueblo a traer futuro" -dijo el alcalde-, que plante cara a la situación y presente un recurso de alzada ante el Inaga. Cuentan con el apoyo de este municipio de la comarca de las Cuencas Mineras, pero también una plataforma ciudadana, formada por las más variadas asociaciones, que ya ha recogido más de 3.300 firmas de apoyo al proyecto de Neolectra, que prevé instalar una planta de recuperación de CO2.

"No nos vamos a rendir", aseguró López, que explicó que están dispuestos a convocar "todo tipo de medidas" y movilizaciones de apoyo a la empresa. "Como si tenemos que venir con cacerolas al Pignatelli", advirtió el alcalde de Aliaga, que criticó la actitud y el silencio del Departamento que dirige Alfredo Boné. Y es que tanto López como García insistieron en que ni conocen los motivos del rechazo del Inaga ni han conseguido que el consejero de Medio Ambiente les reciba para darles una explicación. "Habrá que considerar si Teruel, y Aragón en general, pueden permitirse el lujo de destruir puestos de trabajo y eliminar proyectos industriales en un momento en el que la industria debe contribuir a superar la situación de crisis económica", matizó el alcalde.

Falta de infraestructuras

López y García aseguraron no tener información sobre los motivos por los que el Inaga ha redactado un informe negativo contra el proyecto de Neoelectra. Destacaron, sin embargo, que esta decisión no ha tenido en cuenta el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Un informe positivo cuya única condición era que la empresa no vertiera residuos. El alcalde de Aliaga explicó que el rechazo del Inaga se basa en la inviabilidad del proyecto por la falta de infraestructuras para transportar el gas que necesitará la planta. "Es cierto que ahora llega en camiones cisternas desde el puerto de Sagunto y que eso supone un riesgo, pero tenemos un gasoducto allí mismo y no permiten el enganche", matizó López.

"Mobbing rural"

El portavoz de la plataforma "Salvemos Aliaga" fue muy crítico con el Gobierno aragonés. "Las decisiones que se toman en las capitales están provocando que la gente del medio rural se vea obligada a abandonar sus tierras. Es el nuevo 'mobbing rural' que persigue preservar el medio para que unos pocos disfruten de él el fin de semana a costa de la vida de todos los que viven los 365 días del año en el pueblo", lamentó Simón García, que conoce bien la emigración por falta de oportunidades laborales porque como otras 100 familias tuvo que salir en los años 80 de este municipio turolense tras el cierre de la central térmica.

García dejó claro que las firmas recogidas avalan el apoyo de ciudadanos y empresarios a este proyecto, al que se oponen "un grupo de personas intransigentes que ni siquiera viven en Aliaga". Entre ellos señaló a Ecologistas en Acción y "un catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, impulsor del yacimiento arqueológico del municipio".