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Teruel

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Los afectados por los retrasos del Juzgado de lo Social salen a la calle para pedir soluciones

Decenas de trabajadores llevan meses sin cobrar al no haber sacado sentencias el juez anterior en dos años. Los manifestantes piden un magistrado de refuerzo para que dicte los más de 300 fallos pendientes.

Convocados por el sindicato UGT, un centenar de afectados por el retraso injustificado en el dictamen de sentencias del anterior magistrado del Juzgado de lo Social de Teruel, José Luis Eduardo Morales -que en sus dos años y medio de ejercicio ha dejado pendientes más de 300 asuntos y apenas ha resuelto una veintena-, se manifestaron ayer en la plaza de San Juan de Teruel para reclamar una solución.

Muchos de ellos explicaron que llevan meses sin cobrar a la espera de que una sentencia judicial determine si tienen derecho a percibir una pensión por incapacidad debido a su enfermedad o, por el contrario, deben buscar un trabajo. Esta situación les ha llevado a ellos y a toda su familia a una crisis no solo económica sino también psicológica.

Los manifestantes, portando pancartas y gritando "esta Justicia es una injusticia" y "justicia ya, ya, ya", se concentraron ante el edificio de Juzgados de la capital turolense desde las 11.15 hasta pasadas las 12.00. Al final de la protesta, una de las afectadas, Encarna Mateo, de Montalbán, leyó un manifiesto en el que se denunciaba el comportamiento de Morales y el de "aquellos órganos judiciales responsables, que al permitir su negligente actuación, son también partícipes de una indeseable situación".

Los afectados, a través del comunicado, calificaron de "vergonzosa" la "inoperatividad" de la Administración de Justicia, al consentir que ocupase el puesto de magistrado del Juzgado de lo Social de Teruel un juez que ya venía expedientado de otros destinos anteriores por la misma causa, demora a la hora de sacar sentencias.

Morales se incorporó a la plaza de Teruel en mayo de 2005, más tarde de lo previsto porque cumplía una sanción de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su anterior destino, el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real. Entre 1997 y 2001, el magistrado había trabajado en la Audiencia Provincial de Guipuzcoa, donde sus sentencias ya registraron demoras.

El pasado 12 de marzo, el CGPJ castigó nuevamente a Morales dejándolo sin empleo ni sueldo durante un año al considerar que su retraso en el Juzgado de lo Social de Teruel constituía una "falta muy grave". Su cese se hizo efectivo el 26 de marzo. Ahora, una juez sustituta se hace cargo de los casos nuevos, pero las 300 sentencias viejas, para cuyo dictamen habrá que repetir todas las vistas orales porque solo puede resolverlas el juez que ha presidido el juicio, siguen paralizadas.

"Han esperado más de dos años para adoptar medidas respecto a un asunto que era público y notorio en toda la ciudad" dijeron los manifestantes. Los afectados añadían que la Justicia "se está escudando en engorrosos procesos de selección para designar a un magistrado en lugar de dar una solución urgente, que es nombrar un juez que resuelva las causas pendientes".

Compromiso

La subdelegada del Gobierno en Teruel, María Victoria Álvarez, a quien se le entregó por parte del secretario general de UGT-Teruel, Jesús García Duque, un escrito sobre el perjuicio que el retraso del juez ha ocasionado en el colectivo de trabajadores de la provincia, con al menos 400 afectados, se comprometió a transmitir la reivindicación al delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, con la intención de que este la eleve, a su vez, al Ministerio de Justicia. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha puesto en marcha los trámites para nombrar a un nuevo magistrado y a un juez de refuerzo.

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