El campin de Alcañiz ha funcionado sin licencia de vertidos desde el 2005

El campin de Alcañiz ha estado en funcionamiento irregular desde el año 2005 hasta hace cinco días, cuando fue clausurado. Las instalaciones no contaban con licencia de vertidos al embalse de La Estanca, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Durante todo este tiempo, la empresa gestora ha estado cometiendo una serie de anomalías que saltaron a la luz el pasado 19 de marzo, cuando se comprobó que se estaban derramando directamente las aguas residuales en la laguna sin pasar por la depuradora, que se había estropeado.

La actividad del campin ponía en riesgo la salud de las pedanías alcañizanas y atentaba contra la legalidad vigente. "No tenían licencia para verter ningún tipo de líquidos o residuos sobre La Estanca desde hace tres años, pero aún menos sin tratar", recriminaron fuentes de la CHE.

Sin embargo, no ha sido esta la única actuación ilegal que se ha cometido en el complejo. Según un decreto del 11 de mayo del 2004 sobre los alojamientos al aire libre, los campins no pueden dar lugar a núcleos permanentes de población, no pueden vender ni alquilar bungalós y no tienen permiso para firmar contratos de más de once meses de estancia para caravanas ni vehículos transportables. Tres premisas que se han incumplido de modo impune en la instalación turística clausurada. "No son viviendas permanentes", resumía la alcaldesa, Amor Pascual.

Una tesitura que se ha ido gestando a lo largo de los años debido a la "desidia" y la "permisividad" de las diferentes administraciones competentes, según el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Gracia. "Esto lo conocían el anterior Ayuntamiento, la CHE y la comarca del Bajo Aragón, pero nadie tomo ninguna medida. Además, las competencias de los campins las asumieron hace tiempo las comarcas", manifestó Miguel Ángel Gracia.

Sin embargo, el presidente del Bajo Aragón, Víctor Angosto, declaró que su responsabilidad se ciñe al turismo y a la seguridad. "Nosotros enviamos a un técnico que controla los precios, para que las condiciones sean adecuadas y vea si existe algún riesgo". Un peligro que, según Angosto, no se daba, pero que el departamento de Sanidad de la DGA sí apreció cuando abrió un expediente sancionador al campin.

En el mismo decreto del año 2004, se establecía un plazo de tres años para adaptar los campins a la normativa vigente. En ese periodo, el anterior equipo de gobierno municipal (del PP) no destinó ninguna partida para tal fin. Tan solo en los últimos seis meses de su legislatura aprobaron 18.000 euros para obras en el complejo, que nunca se llegaron a ejecutar. "Fue una medida para salir del paso, escasa y ridícula para salvar los muebles", acusó Gracia. A lo que la portavoz del PP, Yolanda Vallés, respondió: "Aprobamos la partida porque pensábamos que íbamos a gobernar otra vez y, así, tendríamos tiempo de realizar las obras".

El Ayuntamiento ha decido ya una solución provisional para que el campin pueda reabrirse lo antes posible: la instalación de una depuradora prefabricada con un coste aproximado de 6.000 euros que deberá pagar el gestor del campin, Javier Sitges.

El responsable del campin no ha querido manifestarse sobre la situación en la que se encuentran las instalaciones, que, según la alcaldesa, "está afectando mucho a la imagen de la ciudad". Además, el equipo de gobierno, que no se hace responsable de la situación de las familias que viven de forma permanente en el campin, ya ha presupuestado 150.000 euros para este año destinados a la conexión permanente de las aguas residuales del campin con la red de la Ciudad del Motor. Una obra que tendrá un coste estimado de 400.000 euros.

El cierre del campin resta más de cien plazas hoteleras a Alcañiz, una circunstancia "negativa" para la ciudad, dada la cercanía de las instalaciones a la Ciudad del Motor.