Condenado un empresario que presentó 126 ofertas falsas de empleo para marroquíes

La Audiencia Provincial de Teruel condenó ayer a dos años de prisión a un empresario, Rafael Cruz Moreno Montañés, con sede de trabajo en Híjar y en Zaragoza, que entre finales de 2005 y la primera mitad de 2006 presentó en la Dependencia de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno de Teruel un total de 126 ofertas laborales falsas destinadas a súbditos marroquíes.

Estas ofertas, según explicó ayer el fiscal encargado del caso, Jorge Moradel, no obedecían a necesidades de empleo de las empresas de Moreno Montañés -cuatro de construcción y una quinta dedicada a la ganadería-, sino que eran el medio para que sus destinatarios obtuvieran un visado de entrada en España, ello a cambio de un precio que fluctuaba entre los 6.000 y los 10.000 euros.

El empresario fue detenido el 20 de marzo de 2007. En ese momento se le intervinieron cerca de 8.000 euros que la Audiencia Provincial estima que son parte de la cantidad económica con la que se lucró. No obstante, no ha podido ser determinado el dinero que pagaron en total los extranjeros ya que muy pocas personas han podido acreditarlo y solo una formuló denuncia contra Moreno Montañés mientras que muchos de los ofertados ni se han presentado en la causa ni han podido ser localizados.

Volumen desmesurado

La investigación de oficio que realizó la Fiscalía después de que la Administración competente diera cuenta del desmesurado volumen de ofertas de trabajo a ciudadanos extranjeros, reveló que las cinco empresas de Moreno Montañés durante los años 2005 y 2006 dispusieron, entre todas ellas, de una media de tan solo uno o dos trabajadores, dados de alta en la Seguridad Social por escasos días. De las 126 ofertas de trabajo presentadas, fueron concedidas un total de 58 autorizaciones iniciales de residencia y trabajo a favor de otros tantos trabajadores extranjeros.

Además de los dos años de prisión, la Audiencia Provincial de Teruel acuerda que le sean decomisadas al empresario las ganancias económicas, que han sido evaluadas en 16.000 euros. Esta cantidad servirá para indemnizar a los extranjeros que acrediten haber sido víctimas de la fraudulenta operación. Si sobra dinero, quedará confiscado por ser un beneficio obtenido mediante un delito.

Acuerdo

Ayer, al reconocer los hechos el acusado, al tiempo que se ofrecía a devolver el dinero obtenido con las ofertas de trabajo falsas -atenuante muy cualificada de reparación de daño a la víctima-, la Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo que evitó proseguir el juicio, iniciado a las 10.00. En virtud de esta colaboración, la pena de seis años de prisión que solicitaba el Ministerio Público quedó reducida a dos, más la obligación de indemnizar a las víctimas.

El abogado del empresario procesado, Javier Notivoli, se mostró conforme con la condena que se le aplicó a su defendido, que al haberse reducido a dos años de prisión y no contar el acusado con antecedentes penales computables en la causa actual, en la práctica no supondrá el ingreso de este en un centro penitenciario.

Según la Fiscalía, el empresario se sirvió de sus contactos personales con súbditos inmigrantes del Reino de Marruecos, quienes hicieron de intermediarios, para conseguir la documentación necesaria administrativamente de otros marroquíes que deseaban entrar en España bajo una apariencia de legalidad.