La Audiencia Provincial de Teruel ha archivado las actuaciones contra 10 de los procesados por el caso del Jamón, pero estima que hay motivos para mantener la investigación respecto de otras tres: la expresidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO), María Pilar Martín; el máximo responsable de la filial Promorigen, Clemente Garcés; y la trabajadora Yolanda Jiménez.

En un auto en el que estima los recursos presentados por diez encausados y rechaza los de otros tres, la Sala confirma la resolución del juzgado instructor de continuar con el procedimiento judicial una vez terminadas las diligencias previas, al haber apreciado este indicios de hechos punibles.

La investigación judicial se inició hace dos años tras una denuncia formulada por el expresidente del CRDO Eugenio García hacia sus antecesores en el cargo por los presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario y contra la Hacienda Pública en la gestión de dicho organismo entre los años 2009 y 2013. También están encausados en el proceso el exgerente de la institución Fernando Guillén y otras dos personas, quienes, sin embargo, no han recurrido su procesamiento ante la Audiencia.

El alto tribunal turolense considera que María Pilar Martín debe continuar como investigada al no poder sostenerse que quien ostentaba la máxima responsabilidad del CRDO, en su condición de presidenta, fuese ajena a las irregularidades que, presuntamente, se cometían en la institución.

La Audiencia menciona en su escrito que del informe pericial que obra en las actuaciones se desprende que Promorigen se creó para descapitalizar al CRDO, que faltaba contabilidad y que se entregaron, supuestamente, sobresueldos y donativos a directivos y empleados, abocando a la entidad a una situación, prácticamente, de insolvencia.

Respecto de Clemente Garcés, responsable de Promorigen, se indica en el auto que la filial del CRDO habría sido el instrumento para generar sobresueldos y eludir el control del gasto por parte del Pleno del Consejo Regulador. “Por tanto -dice el auto- no puede sostenerse con seriedad que no existan indicios de hechos punibles que puedan importarse al mismo”.

En cuanto al recurso presentado por la trabajadora Yolanda Jiménez para que se archive su caso, la Audiencia estima que los indicios de infracción que se argumentaron en un momento anterior del proceso no se han visto desvirtuados con el paso del tiempo.

Así las cosas, una vez se abra juicio oral, se sentarían en el banquillo de los acusados solo 6 de los 17 investigados inicialmente. La Audiencia considera, no obstante, que hay razones para llegar a celebrar una vista en la que se decida sobre la inocencia o culpabilidad de los encausados analizando las pruebas.

El abogado que defiende a la expresidenta del CRDO, Eladio Mateo, ha manifestado su “respeto” por la decisión de la Audiencia, pero sostiene que “no hay materia delictiva” para continuar con el procedimiento. “Pudo existir una llevanza incorrecta de las cuentas -explicó-, pero no un delito”. Agregó que ha encargado una pericial alternativa a la que sirvió de base al juez instructor.