Los 26 imputados en la trama de corrupción urbanística de La Muela han declarado ya ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia. Hasta el momento, el juez solo ha ordenado el ingreso en prisión de tres de los detenidos en la Operación Molinos. Se trata de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, del concejal del PAR, Juan Carlos Rodrigo Vela, y del empresario madrileño y administrador de la inmobiliaria Brocover, José Carlos Fernández Delgado.

A Pinilla se le investiga como presunta autora de nueve delitos: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la concesión de las subvenciones, malversación de caudales públicos, y exacciones ilegales y blanqueo de capitales. Su abogado, Javier Notivoli, ha anunciado esta semana que presentará un escrito solicitando al juez la libertad de la alcaldesa dentro de unos días.

Por otro lado, a su compañero del Ayuntamiento encarcelado se le imputan otros ocho delitos: cohecho, fraude, exacciones ilegales, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tenencia ilícita de armas.

El responsable de Brocover tampoco pudo evitar la prisión, ya que se le imputan delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. El que sí logró quedar en libertad fue el presidente de Aranade, Julián de Miguel, quien dirige la empresa que se encarga de las sociedades urbanística, y cultural y deportiva del municipio. El fiscal pidió prisión sin fianza para él, pero Lajusticia aceptó dejarlo en la calle después de que los directores de dos entidades bancarias presentaran avales bancarios por valor de 120.000 euros.

Entre los 26 imputados figuran otros tres miembros de la familia de la alcaldesa: su marido, Juan Antonio Embarba; su hijo mediano, Víctor, y su primo, Carmelo Aured. A los tres se les investiga por tráfico de influencias, pero al segundo se le imputan también presuntos delitos de uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.

Al resto de imputados se les ha interrogado durante las dos últimas semanas por delitos de corrupción urbanística. El arquitecto y el secretario municipal fueron dos de los primeros citados por el juez.