Ha participado en una mesa sobre comunidades autónomas y servicios públicos y, entre otras cosas, ha dicho que le gustaría no tener que ostentar el cargo de ministra de Igualdad.

Sí, porque significaría que al fin hemos ganado una conquista de siglos, para que los hombres y las mujeres seamos iguales. Hemos avanzado mucho, ya que nuestra generación no tiene nada que ver con la de mi madre o la de mi abuela, pero quedan retos, como la conciliación de la vida familiar y laboral -que queremos afrontar desde las comunidades-, diferencia de salarios, igualdad en el empleo...

¿Por qué esta igualdad puede ayudar a mejorar la economía en estos tiempos de crisis?

Porque cualquier sociedad que quiera tener una economía robusta no puede permitirse que el talento de la mitad de la población esté desperdiciado. Apostar por la igualdad de oportunidades no solo es más justo, sino que también es económicamente rentable; es por justicia y por sostenibilidad económica.

Su primer gran reto al poco de entrar al ministerio fue la aplicación de la ley antitabaco. ¿Qué balance hace de este mes?

Tengo que decir que previamente ya había habido un amplio debate parlamentario, con un consenso político y social. Esa era la gran garantía de la ley, que los ciudadanos apostaban por preservar la salud pública.

Quienes se oponen a esta ley dicen que, al menos en parte, se recortan sus derechos.

No es una cuestión de regular los derechos individuales, sino de preservar la salud de los ciudadanos. Los hábitos no cambian de la noche a la mañana, pero todos los países han pasado por este debate. Tengo que decir, con datos en la mano, que la ley se está cumpliendo con normalidad, y dentro de unos años miraremos hacia atrás y veremos que lo asumimos así, con total normalidad.

Esta normativa ya está en la calle, pero ¿veremos una ley de cuidados paliativos próximamente?

Este país tiene el mejor sistema de salud del mundo, nos miran con envidia desde todo el mundo, incluso desde Estados Unidos, donde se está debatiendo sobre sanidad pública. Uno de los derechos que tenemos que lograr es que cualquier ciudadano de este país, viva donde viva, en los últimos días de su vida cuando sufre una enfermedad irreversible tenga los mejores cuidados, las mejores prestaciones y no sufra dolor. Que tenga dignidad y una reducción del dolor en los últimos días de su vida. Hablamos también de garantizar la tranquilidad a los profesionales que dan estos servicios, a las familias y a respetar la voluntad de los pacientes.

¿Pero veremos próximamente una normativa nacional en este sentido?

Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Andalucía y ha llegado el momento de una regulación estatal. La veremos, y la veremos con consenso.