La Plataforma en Defensa de las Montañas presentó ayer en el registro del Gobierno de Aragón casi un millar de alegaciones individuales contra la ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa en las que se pide su retirada por las afecciones graves que implicaría.

Paco Iturbe, uno de los portavoces de la plataforma, que abandonó la Mesa de las Montañas precisamente por los avances en los trámites administrativos de la ampliación, declaró que el número de alegaciones presentadas da idea de la "gran indignación" social que ha provocado el proyecto. Iturbe comentó que las 982 alegaciones presentadas ayer son una "parte minúscula" de las registradas de manera individual y por decenas de organizaciones, entre ellas el propio CSIC, el Colegio de biólogos, Coagret, Apudepa y partidos políticos. Iturbe abogó por que se prorrogue el plazo para presentar alegaciones ya que dadas las dimensiones del proyecto de Castanesa, solo pudo estudiarse en soporte digital, un mes más tarde de su salida a información pública.

El abanico de alegaciones contra este proyecto de dimensiones "desmesuradas", según dijo, es "múltiple" e inciden en aspectos como las graves afecciones que producirá en varios espacios naturales, de manera directa al Lugar de Interés Comunitario (LIC) Río Isábena e indirecta al Parque Natural de Posets-Maladeta, y a varias cabeceras de ríos.

Según Iturbe, desecará varios arroyos, el paisaje de montaña se verá muy degradado, habrá construcciones en cotas de muy alta montaña, como una cafetería a 2.300 metros en el collado de Tous, y también afectará a especies en peligro de extinción, como la perdiz nival, que tiene una importante población en la zona. Se trata además de un área osera y la ampliación afectaría también a quebrantahuesos y a varias especies de flora. Por otro lado, hay yacimientos medievales del Camino de Santiago que desaparecerían según Apudepa.

Sin estudio climático

Pero además, el proyecto se tendría que "venir abajo" solo por el hecho de que carece de un estudio para verificar si esa estación tendrá o no nieve con el cambio climático que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) exigió de manera preceptiva a la promotora de la ampliación, Aramón (sociedad participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja). Hay también una queja "latente" por este asunto ante la Unión Europea. Además, recordó que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Montanuy, en el que se prevé construir unas 4.000 viviendas en un valle de unos 300 habitantes para atender la ampliación, está pendiente de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).