El obispo de Lérida, Joan Piris, se presenta ante el resto de obispos como alguien entre la espada y la pared, enfrentado a un conflicto entre la obediencia a la Santa Sede y las leyes de la comunidad autónoma de Cataluña sobre museos. Ante la persistencia de la tensión en el inacabable litigio de los bienes sacros de las parroquias del Aragón oriental, Piris ha enviado una insólita carta al resto de obispos españoles tratando de justificar su postura.

El prelado llega a amagar con la dimisión -"por mi cabeza ha pasado (y todavía no he desechado) la idea de presentar mi renuncia al Santo Padre", escribe- pero en ningún momento admite su intención de devolver las 112 obras objeto del conflicto. Aunque asegura que mantiene su deseo "de obedecer las resoluciones de la Santa Sede", antepone a ello la legislación catalana que, según señala, es lo que le ha "impedido" actuar.

Esta impresión de conflicto entre el poder eclesiástico del Vaticano y el poder civil de Cataluña contrasta sin embargo con la excelente relación actual entre la Santa Sede y esta comunidad autónoma. El número dos del Vaticano, el secretario de Estado Tarcisio Bertone, destacó en una reciente visita a Barcelona que la Santa Sede conoce bien "la historia, los recursos y las aspiraciones de Cataluña" y el Papa tiene previsto visitar la capital catalana el próximo mes de noviembre.

Lejos de reprochar las maniobras desarrolladas en todos estos años por sectores políticos catalanes, con la Generalitat al frente, Joan Piris aprovecha para quejarse de que la circunstancia del impedimento de las leyes de Cataluña "no haya sido nunca reconocida por la diócesis de Barbastro-Monzón, ni por la Nunciatura de Madrid ni por la Congregación para los Obispos".

Una "pesada carga"

El obispo, que justifica la misiva de cinco folios en "la necesidad de completar la informaciones" sobre el litigio, reconoce que el asunto es "difícil de entender y de explicar" y que es "una pesada carga para ambas diócesis". Se lamenta también de que al aceptar hacerse cargo de la diócesis el 30 de junio de 2008 se le dijo que "las cosas estaban en vías de solución" y, sin embargo, "la vida está demostrando lo contrario y además estoy siendo objeto de linchamiento público".

Piris responsabiliza al administrador apostólico de la diócesis leridana, monseñor Salinas, del acatamiento en 2008, poco antes de su toma de posesión, del decreto de la Congregación de los Obispos (8 de septiembre de 2005) ratificado por el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica (28 de abril de 2007) que obligaba a devolver los bienes en 30 días y a la vez destaca que las parroquias no habían reclamado las piezas hasta la segregación de la diócesis.

En el texto se reproduce la carta enviada por el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Treserras, de marzo de 2009, en respuesta a otra suya en la que le comunicaba que la resolución que le obligaba a la entrega de las obras. Treserras es además presidente del Consorcio que gestiona el Museo de Lérida. La creación de esta entidad pública en 1999 se enmarca en los intentos por evitar la devolución de los bienes. Piris considera que dado "el nivel de politización" al que se ha llegado se haría necesaria "una verdadera mediación Iglesia-Estado".