Confirmado ya que también afectarán a la ampliación de la congestionada Ronda Norte, en Zaragoza, y que amenazan el desdoblamiento de la peligrosa N-232, esta pasa a ser sin duda la comunidad más castigada por el tijeretazo inversor. Lo que hace aún más injustificable, si cabe, el asentimiento incondicional y sin matices de nuestros gobernantes.

Aun asumiendo que la coyuntura impone el "severo pero necesario ajuste" -en palabras del ministro Blanco- del gasto público, el plan de Fomento no aclara el impacto económico y social que tendrá sobre las empresas, sobre los trabajadores y sobre las arcas públicas. A corto plazo, liberar al Estado del pago de casi diez mil millones de euros tendrá su correlativo reflejo en una detracción de los ingresos tributarios y por cotizaciones, al tiempo que generará mayores necesidades en la bolsa del subsidio del paro. Efecto contraindicado al que habrá que añadir el de los sobrecostes que conllevará retomar en su momento unas infraestructuras que van a sufrir el progresivo deterioro del parón. O que, en algunos casos, como el desdoblamiento de la N-232 (continúa sumando accidentes y víctimas en tramos con limitación de velocidad y prohibición de adelantar, como el de Mallén a Figueruelas), siguen siendo absolutamente urgentes por razones de seguridad. El presidente Iglesias y el número dos de Fomento, el también oscense Víctor Morlán, intentaron ayer justificar la medida, pero sus argumentos no logran convencer.