VIVIENDA

Más de 2.700 jóvenes han pedido la ayuda al alquiler, pero ninguno la cobra

El Ministerio de Vivienda tiene dos meses para responder, aunque algunos no han recibido respuesta. De las más de 73.000 peticiones en todo el país, solo 1.400 inquilinos cobrarán en abril.

El Gobierno de Aragón, a través de las oficinas del Toc Toc, ha recibido ya 2.764 instancias de jóvenes de entre 22 y 30 años que solicitan la ayuda de hasta 210 euros al mes para pagar el alquiler, que concede el Ministerio de Vivienda bajo la denominación de Renta Básica de Emancipación. Sin embargo, todavía no han cobrado las ayudas. Es más, solo unos pocos, un 6%, han recibido una respuesta. El 94% restante aún no sabe si su solicitud está admitida. Según afirmó el viernes la ministra de Vivienda, Carme Chacón, 140 jóvenes de los más de 73.000 que las han solicitado en toda España las han cobrado.


Uno de los primeros solicitantes en Aragón, Juan Pablo López, de Zaragoza, que presentó la documentación en el registro el pasado 4 de enero, solo cuatro días después de que se abriera el plazo, no ha recibido ninguna respuesta de si se la han admitido. No sabe muy bien cómo interpretar ese "silencio administrativo", puesto que en principio hay un plazo de dos meses para resolver, según apuntaron ayer desde el Ministerio de Vivienda.


Tener entre 22 y 30 años y unos ingresos que no superen los 22.000 euros brutos anuales son los dos requisitos principales para solicitar las ayudas. En Aragón, podrían llegar a 15.000 jóvenes. Es el número que según el Ministerio de Fomento podría cumplir esos requisitos. Además, esperan 360.000 jóvenes cobren las ayudas este año, en el conjunto del país.


El plazo para solicitarlas comenzó el pasado 2 de enero de 2008. En Aragón, se puede acudir a la Oficina de la Vivienda Toc Toc. La medida incluye una ayuda directa de 210 euros mensuales durante un máximo de 4 años, un préstamo de hasta 600 euros para la fianza y otros 120 euros para costear una aval. Los solicitantes tienen que ser titulares del contrato y si es compartido, se concede el porcentaje correspondiente.


A mediados de marzo, empezaron a cobrar 140 solicitantes en toda España. En el mes de abril, se alcanzará la cifra de 1.400, lo que no supone ni el 2% de los más de 73.000 que han pedido la ayuda. No obstante, alguno de estos no cumplirán los requisitos y le denegarán las ayudas. El Gobierno de Aragón tramita la documentación y envía al expediente al Ministerio, que resuelve después de consultar al banco del propietario de la vivienda, que el inquilino está al corriente de pagos. Entonces, se daría la orden.


Según los últimos datos facilitados ayer por el Gobierno de Aragón, que tramita las ayudas estatales, se han recibido 2.764 solicitudes de las que 1.248 están confirmadas y pendientes de resolución. Sin embargo, solo se han emitido 136 resoluciones favorables mientras el Ministerio ha desestimado 29. Estos datos son a fecha de ayer, por lo que son ligeramente superiores a los publicados en el gráfico comparativo por Comunidades, hecho público el 14 de marzo.


En el conjunto del Estado, ese día había 1.269 jóvenes con una resolución provisional. Esto significa que han obtenido el derecho a la prestación porque reúnen los requisitos pero que están buscando piso y están pendientes de presentar el contrato de arrendamiento, para lo que disponen de un plazo de 3 meses.


Esta posibilidad de buscar piso con la ayuda asegurada está muy bien valorada por parte del Consejo de la Juventud de Aragón, puesto que permite a muchos dar el paso de emanciparse. Pero también reclaman que se prolongue hasta los 35 años. No obstante, también se produce otro efecto. Según explica Adrián Ibáñez, gerente del Consejo de la Juventud de Aragón, se aprecia que muchos jóvenes que ya vivían en pisos sin contrato los están formalizando, y así se lo han indicado desde el Instituto Aragonés de la Juventud.


Según la ministra, los datos confirman que el modelo de gestión compartida entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas está funcionando correctamente y que la gestión es más ágil y rápida. Sin embargo, esa no es la sensación del presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Manuel Vallés, que cree que hay que mejorar el procedimiento porque no entiende que el propietario tenga que dar su cuenta.


En ese mismo sentido habla el gerente del Consejo de la Juventud: "Van muy lentos porque después tienen que hacer muchas comprobaciones. No es tan sencillo como anunciaban".