El ya bautizado como cheque bebé, de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos, alivia un poco las cargas que suponen la llegada de un pequeño, pero no es suficiente. Lo saben bien algunas de las 12.743 familias aragonesas que recibieron esta ayuda durante 2008, lo que supuso un desembolso de 31,8 millones de euros. Los agentes sociales, aun considerándolo una iniciativa positiva, reclaman que se combine con otras medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

De las ayudas concedidas, 9.536 corresponden a la provincia de Zaragoza, 2.055 a la de Huesca y 1.152 a la de Teruel. En toda España, la Agencia Tributaria realizó un total de 493.949 pagos por este concepto lo que ha supuesto un coste de 1.233 millones de euros. Aragón es la undécima comunidad en cuanto a número de nacimientos o adopciones. Este ranquin lo encabezan Andalucía (98.578), Cataluña (83.099) y Madrid (70.955).

Nadie niega que este dinero viene muy bien, sobre todo cuando se recibe rápido. "Es un apoyo importante, pero por sí solo no va a cambiar la situación, se tiene que combinar con otras medidas de conciliación laboral y familiar y unos buenos servicios públicos", afirma la responsable del departamento de la mujer de UGT, Cristina Sola.

Una buena red de escuelas infantiles es imprescindible, pero también que las empresas se conciencien de la conciliación y que se facilite el acceso a las prestaciones más utilizadas. Reclama que los horarios de algunos servicios, como los de pediatría, se amplíen para facilitar que los padres puedan atender a los niños y cumplir con sus obligaciones en el trabajo.

Cristina Sola y la secretaria de la mujer de Comisiones Obreras, Rosina Lanzuela, coinciden a la hora de reclamar que en la concesión del cheque bebé se aplique el baremo de la renta. "Al otorgar la misma cantidad de dinero a todo el mundo se impide que tenga la intensidad económica necesaria, sobre todo para las personas con las rentas más bajas", asegura Rosina Lanzuela, que califica el actual sistema de "poco justo".

La Ley que regula estas ayudas prevé, además, una prestación de la Seguridad Social de 1.000 euros más si la familia es numerosa, monoparental o si la madre posee una discapacidad igual o superior al 65%.

La beneficiaria de la ayuda es la madre, trabaje o no. Podrá ser el titular el padre, en caso de fallecimiento de la madre o cuando haya una cesión del derecho. Si la pareja es del mismo sexo, deben decidir quién es el beneficiario.