Vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Lo hemos escuchado decenas de veces e incluso quienes visten la toga refrendan el aforismo. Sin embargo, cada vez somos más dados a recurrir a la Justicia para resolver nuestros problemas, por triviales o menores que estos puedan parecer. Solo así se justifican los 240.555 asuntos que llegaron a los juzgados aragoneses en 2009. Ante tal volumen de trabajo, se hace casi inevitable que a final de año queden bastantes 'deberes' pendientes. Y si hay una cifra que refleja con claridad la dimensión del problema esa es la de sentencias pendientes de ejecutar: más de 55.000.

Quienes se han visto involucrados en algún asunto judicial saben los muchos meses que pasan desde que se presenta una denuncia hasta que se dicta sentencia. Pero más tiempo transcurre aún hasta que ese fallo se ejecuta. Por desgracia, las alarmas solo se disparan cuando saltan a los medios de comunicación casos como el de la niña sevillana Mariluz Cortés, presuntamente asesinada por un hombre que estaba pendiente de entrar en prisión.

La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirma una preocupante tendencia al alza. De hecho, si a finales de 2007 los jueces aragoneses tenían encima de la mesa 35.440 sentencias pendientes de ejecutar, a comienzos de este año la cifra se elevaba ya hasta las 55.088. De esta manera, no solo no se consigue reducir el remanente sino que se van incorporando alrededor de 10.000 fallos más cada año.

Se suele hablar de la lentitud de la Justicia, pero lo cierto es que a quienes la ejercen no les sobra el tiempo.

Especialmente en jurisdicciones como la Penal, que es la que tramita más de la mitad de los asuntos registrados. Según la memoria del TSJA, los juzgados de instrucción aragoneses recibieron el año pasado 106.373 expedientes. O lo que es lo mismo, cada uno de ellos tuvo que encargarse de una media de 8.864. Al final, cada juez resolvió 9.046 y aún le quedaron pendientes 448 casos.

Se disparan los asuntos laborales

Y si ya el ciudadano se estaba mostrando proclive a judicializar sus asuntos, la crisis económica y laboral no ha hecho sino incrementar la litigiosidad. Como no podía ser de otra forma, la mayores cargas de trabajo están cayendo ahora sobre quienes trabajan en los juzgados de competencia civil, mercantil o social. Como recoge el informe del presidente del TSJA, Fernando Zubiri, "este aumento ha sido especialmente significativo en los juzgados radicados en Huesca y Zaragoza.

El juez decano de la capital aragonesa, Ángel Dolado, detalla hasta qué punto se han notado los despidos y los conflictos laborales en los juzgados de la plaza del Pilar. "El incremento de demandas con respecto a 2008 ha sido del 12%, pasando de 8.873 a 10.026", recuerda. La crisis económica ha obligado incluso a disponer de un refuerzo especial en estos juzgados. Por ello, considera necesaria la creación de un nuevo juzgado de lo Social, que sería el número 8.

En la jurisdicción civil y mercantil se ha experimentado también un incremento importante de las demandas. Con respecto a 2008, se calcula que han crecido un 35%, por lo que los propios jueces reclaman la creación de otros cinco juzgados para evitar una situación de colapso en las ejecuciones.

Registro civil de Zaragoza

La situación del registro civil de Zaragoza merece cada año una mención especial en la memoria del TSJA. Acostumbrados como estamos a ver largas filas a las puertas del antiguo edificio de almacenes "Gay" (calle de Alfonso I), parece imposible pensar que el trabajo se resuelve con agilidad. La propia magistrada titular ha llegado a hablar de la situación de este juzgado como "insostenible". Y aunque se prometieron dos funcionarios de refuerzo para evitar las filas de ciudadanos en la calle a primeras horas de la mañana, el refuerzo no llegó.

Durante los últimos ejercicios, se ha insistido en la necesidad de dotar a la capital aragonesa de un segundo registro civil. Sin embargo, el anuncio de una nueva Ley del Registro Civil, con una gran desjudicialización de los asuntos, ha hecho que esta reivindicación se haya caído de la agenda.

En lo que llevamos de año, parece que la tendencia se mantiene y el próximo 31 de diciembre volveremos a certificar un aumento de la actividad judicial en Aragón.