Madrid acepta ceder la ejecución de las balsas laterales del Matarraña a Aragón

La comisión bilateral Aragón-Estado acordará el próximo martes la ejecución por parte de la DGA de las balsas laterales del Matarraña. Esta obra será la primera del Pacto del Agua que será ejecutada por la Comunidad. Fuentes de la negociación explicaron que todavía quedaban algunos flecos por cerrar ya que habría dudas sobre si plantear este acuerdo a través de un convenio o de una encomienda de gestión, dado que la obra no está declarada de interés general.

La decisión del Gobierno central de confiar a la DGA la ejecución de esta infraestructura se considera el primer paso de posteriores acuerdos para que el Ejecutivo autonómico se responsabilice, como reivindica, de obras de interés general que son competencia exclusiva. Eso sí, para que ocurra el Gobierno de Aragón deberá demostrar con esta actuación en el Matarraña que sabe tramitar las obras con rigor. De momento, la experiencia del Estado con Aragón en este campo se había limitado a cederle la ejecución de varias depuradoras, lo que impide sacar conclusiones.

Aunque esta cesión se considera un éxito por parte de algunos sectores de la DGA, hay quien había llegado a solicitar al Gobierno central que la obra que se cediese fuese el recrecimiento de Yesa, lo que está totalmente descartado.

Pero además, la comisión bilateral podría llegar a más acuerdos en lo que se refiere a transferir la ejecución de obras estatales al Gobierno autonómico. En concreto, fuentes de la negociación explican que están sobre la mesa tanto la cesión de actuaciones viarias como de ferrocarril. Sobre estas últimas, la reivindicación que tiene más posibilidades de salir también con acuerdo es que la DGA asuma los primeros estudios para conectar Motorland con la red ferroviaria. Esta conexión es una de las reivindicaciones que ha planteado el vicepresidente Biel en los últimos meses.

En este sentido, la intención sería reabrir el antiguo ramal ferroviario que comunica Samper de Calanda con Alcañiz. Es una obra que no conlleva grandes problemas, ya que no hace falta expropiar y no parece que conlleve ningún impacto ambiental reseñable. En este caso, se podría definir la colaboración en un protocolo por el que la DGA asumiría los estudios previos de viabilidad.

Aunque para Aragón es una novedad, hay ya varias Comunidades que están ejecutando obras relevantes que en origen son competencia del Gobierno central. La pionera y principal beneficiaria de este sistema es la vecina Cataluña. En el caso de Aragón, aunque la puerta ya estaba abierta antes del nuevo Estatuto, su actual redacción abre más las posibilidades. La principal ventaja de estos acuerdos es que implican atar una financiación estatal que de otra forma no está garantizada. Además, se supone que la Comunidad velará más que el Estado por evitar retrasos.