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Los municipios de la N-232 demandan que el peaje de la AP-68 desaparezca antes de dos años

Las obras del desdoblamiento, que podrían comenzar en 2010, obligarían a Fomento a liberalizar el tramo de autopista.

Si se cumplen los plazos marcados por Fomento, en 2010 comenzarán las obras del desdoblamiento de la N-232. Para entonces, el tramo de la AP-68 hasta Tudela deberá estar libre de peaje. Esta es la tesis que manejan los ayuntamientos afectados por el trazado de la carretera nacional, ya que, de lo contrario, los trabajos colapsarían una zona con gran densidad de tráfico pesado. Por lo demás, los alcaldes no temen que las negociaciones que mantienen DGA y Fomento para liberalizar la AP-2 entre Alfajarín y Pina retrasen la toma de una medida similar en la Ribera Alta del Ebro.


Los municipios implicados han sido informados por el Ministerio de que el proyecto se licitará este año. Fomento ya ha empezado a informar a algunos ayuntamientos sobre la resolución de alegaciones. Para la redacción del proyecto se prevén entre ocho y diez meses, por lo que en menos de dos años podría comenzar a ejecutarse. A partir del trazado propuesto, que supondría prácticamente un simple desdoblamiento, las obras colapsarían el tránsito de vehículos.


El alcalde de Mallén, el socialista Antonio Asín, que preside además una plataforma creada para exigir el desdoblamiento de la N-232 hasta Figueruelas, evitó cualquier crítica y declaró tajante que la institución autonómica "trabaja igual en ambas carreteras". "Además, el Gobierno de Aragón ya ha dejado clara su intención de contribuir económicamente si es necesario", añadió. Asín reconoció que, en su opinión, el peaje deberá ser libre en la AP-68 hasta Tudela "al menos mientras duren las obras".


"Si no, va a ser un caos"


El mismo pensamiento expresó el primer edil pedrolano, José Ángel Zaldívar (PSOE). "En año y medio nos han dicho que las máquinas pueden estar ya trabajando. Para entonces, espero que la autopista esté liberalizada, porque si no va a ser un caos", manifestó.


Las mayores críticas a la negociación entre DGA y Fomento provinieron de Gallur, donde se observa con recelo un eventual retraso en las conversaciones sobre la N-232. El alcalde gallurano, Antonio Liz (CHA), dijo ver "realmente mal" el estado de los contactos para suprimir el peaje de la autopista del norte. "A fecha de hoy, no tenemos constancia de que haya ningún avance. Yo esperaba que, junto con el anuncio de la AP-2, llegara otro en la AP-68", declaró Liz. El primer edil gallurano cargó además contra la Plataforma para el Desdoblamiento que preside su homólogo mallenero: "Desde que el PP no gobierna en Madrid, no se les escucha. Debería estar más viva que nunca", destacó.


"Por una propina"


Sobre la posible liberalización del peaje, Liz no solo se mostró convencido de que con las obras llegará, sino que pidió que se acelere: "Si lo tienen que acabar haciendo, yo creo que por una propina más lo podrían adelantar", dijo.


Por su parte, el alcalde de Boquiñeni, Juan Manuel Sanz (PP), propuso que las dos áreas implicadas, las carretera de Barcelona y Logroño, unan sus reclamaciones: "Aunque sean zonas diferentes tenemos las mismas motivaciones", aclaró. Finalmente, la alcaldesa de Luceni, Ana Arellano (PSOE), prefirió no hacer declaraciones.


El estudio informativo ya sugería, para desdoblar la N-232, la posibilidad de "plantear la solución del funcionamiento libre de peaje" en la autopista, aunque también reflejaba la existencia de una "única salida directa en el área de estudio", la situada en Gallur, lo cual podría generar problemas.


El tramo sin desdoblar de la N-232 entre Mallén y Figueruelas es uno de los que más tráfico pesado condensa. En concreto, de los 14.000 vehículos que atraviesa la Ribera Alta del Ebro por esta vía, más de la mitad son camiones. Esto, unido a las especiales características de la carretera, estrecha y con un arcén reducido, multiplica el número de accidentes con víctimas mortales por choques frontales o frontolaterales. Hace un mes, tras la muerte de dos jóvenes, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, aseguró que el Ejecutivo autonómico contribuiría económicamente en la liberalización.