La actividad de las bandas especializadas en el robo de cobre ha sido frenética a lo largo del año. Solo en la provincia de Zaragoza se presentaron, entre enero y octubre, 201 denuncias; en Huesca se registraron 76 robos, y Teruel, otros 44. En ese mismo periodo de tiempo la Guardia Civil detuvo a 39 personas. A estas sustracciones hay que añadir las cometidas en las tres capitales de provincia, que son territorio de la Policía Nacional y cuyos datos no han sido facilitados. No obstante, según información recabada por este periódico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que reponer en lo que va de año más de 100.000 metros de cable de suministro eléctrico (unos 50.000 kilos) de distintos barrios, en especial Arcosur, Valdespartera, Parque Goya II y polígonos como Plaza o Empresarium, a lo que hay que añadir las arquetas y cajas reventadas.

El motivo principal de este auge hay que buscarlo principalmente en el incremento del precio de este metal, que desde enero de 2009 a octubre de 2010 ha acumulado un aumento del 102% (en un año ha pasado de valer tres euros a cotizarse a unos seis en el mercado negro). A lo que hay que sumar la facilidad para cometer los delitos por la dificultad que entraña vigilar todas las instalaciones que contienen cobre, y la gran demanda de mercados como China o la India, que han hecho de Europa su gran suministrador fraudulento a costa de empresas, particulares y de las instituciones públicas.

Las Fuerzas de Seguridad se pusieron manos a la obra para frenar la actividad de estas bandas y aunque hace tiempo que Interior diseñó un "plan de respuesta policial al robo de cableado de cobre", en la capital aragonesa hace escasamente 15 días que se ha creado un subgrupo -dentro de la unidad de Delincuencia Organizada- que se ha especializando en este tipo de robos y espera recoger pronto los frutos de su trabajo.

Los agentes, según informaron ayer fuentes de la Jefatura Superior de Policía, están trabajando sobre todo en inspección de chatarrerías -donde advierten a los dueños de que pueden cometer un delito de receptación- y en las denuncias de los perjudicados.

El problema con el que se están encontrando es que estas denuncias solo hacen mención al número de metros o kilos de cobre sustraído y no a los daños causados, como el número de usuarios sin luz, horas sin suministro o desperfectos causados. Esto es muy importante a la hora de penalizar el delito y agravar la condena, puesto que en el supuesto que la sustracción afecte a un servicio público, cause un desabastecimiento o haya un gran número de perjudicados, la pena a imponer a los ladrones puede ir de uno a tres años de cárcel. Por eso, la Policía hace un llamamiento para que los afectados hagan constar los daños en las denuncias.

Una de las principales perjudicadas es la empresa Endesa, que en Aragón tiene 290 subestaciones, 13.000 centros de transformación y 30.000 kilómetros de líneas eléctricas. Vigilar estas últimas es imposible, pero en las subestaciones han puesto vigilancia y videocámaras y han logrado disminuir los robos. Fuentes de la empresa explican que los daños que causan los ladrones superan en diez o doce veces el valor del cobre sustraído (el mayor que tuvieron fue de 17 toneladas).

Habitualmente son grupos organizados los que cometen los robos -principalmente de nacionalidad española, rumana y búlgara- y se distribuyen las funciones. Unos controlan los movimientos de los vigilantes de tramos, por ejemplo, del AVE y avisan a sus cómplices cuando la zona se queda libre. Otros acuden y arrancan la línea, la trocean y la apilan y otros la cargan en furgonetas.

Actualmente hay una operación abierta con cinco detenidos por un robo en Maluenda (Zaragoza).

Las tuberías de la fuente del parque Bruil. Los ladrones de cobre no hacen ascos a nada. Aunque los cables del suministro eléctrico son sus principales objetivos, en agosto pasado no dudaron en arrancar doce metros de las tuberías de esta fuente del céntrico parque zaragozano.