Las medidas de ajuste han pillado a la Administración de Justicia pendiente de una gran reforma, cuya demanda llegó a generar un olvidado pacto de Estado en 2001. En la actualidad se está desarrollando la llamada Nueva Oficina Judicial (NOJ), creada en 2003, sobre la que pivota buena parte de la renovación judicial y que coloca a los secretarios judiciales como engranajes fundamentales de la estructura.

La crisis ha llegado para quedarse y los juzgados también sufren sus circunstancias de forma directa, con una multiplicación de las cargas de trabajo, sobre todo en lo que hace referencia a la Justicia civil y las ejecuciones penales. No obstante, el director general de Justicia de la DGA, José Borrás, mantiene sus planes de diseño del funcionamiento judicial en Aragón, incluida la puesta en marcha de cinco nuevos juzgados para el próximo 30 de diciembre (dos en Zaragoza y uno en Fraga, Barbastro y Huesca) y las nuevas infraestructuras entre las que destaca, por su importancia, la ubicación de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza en la Expo. La presidenta de Justicia de CSI-CSIF Aragón, Irene de la Riva, reconoce que se están creando juzgados de primera instancia, pero asegura que nacen "pequeños y amortizados". Otro asunto son las plantillas, que a juicio de los sindicatos, son muy limitadas en general y en algunos sitios, como el Servicio de Citaciones, Notificaciones y Embargos, lleva 20 años con el mismo personal.

En Aragón trabajan alrededor de 1.500 jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios en la Administración de Justicia, un conglomerado sometido a una doble dependencia que hace muy singular su situación, ya que dependen de la DGA y de la Administración central. La coordinación pasa a ocupar por tanto un lugar primordial en este funcionamiento.

"Un pequeño reino"

Un pequeño galimatías que Mila Núñez, responsable de Justicia de UGT, explica con el ejemplo de un juzgado con diez personas, un grupo que define como muy atomizado y que funciona "como un pequeño reino", en el que el magistrado depende del Consejo General del Poder Judicial, los secretariosjudiciales, del Ministerio de Justicia, ya que no están transferidos a la Comunidad, y el resto de funcionarios dedicados a labores de gestión, tramitación o auxilio, que dependen de la DGA, igual que los forenses.

Luis Casero, secretario de Justicia de CC. OO., señala además que el sector está pendiente del anuncio de mayores recortes y que en ese caso habría una oposición a poner en marcha la llamada nueva oficina judicial. Ligado a ella va otro nombre propio: Minerva, el nuevo sistema operativo que está dando bastantes problemas en su implantación y que ha incrementado costes de asistencia técnica, programas informáticos... Los sindicatos coinciden en señalar el despilfarro como uno de los puntos clave a la hora de reducir gastos y de presentar alternativas a la rebaja salarial impuesta por el Gobierno de Zapatero. Mila Núñez, de UGT, pone también el foco en la cantidad de alquileres que se paga por dependencias judiciales.

Suprimir casas cuartel

Entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad, las medidas de recorte han caído muy mal. Teniendo en cuenta la naturaleza de su labor, dicen que se encuentran entre los funcionarios peor tratados. Juan José García Calvo, delegado en Aragón de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, contrapone esa situación a la decisión de Zapatero de haber pasado de siete a 37 generales en la Guardia Civil. Vienen pidiendo sin éxito la homologación salarial, pero el recorte les va afectar como a los demás. En Aragón sugieren eliminar casas cuartel para ahorrar.

El panorama es similar en otros cuerpos, en los que la vocación es también fundamental y en los que a veces se pone en riesgo la vida. El secretario provincial de la Confederación Española de Policía, César Lambea, habla de "indignación absoluta", considerando además otros gastos superfluos. Alfredo Crespo, del Sindicato Unificado de Policía, apunta que el gasto en escoltas podría racionalizarse y Tomás García, secretario general de CSL-CIPOL, destaca que la formación policial la están asumiendo en su mayoría los sindicatos en vez de la Administración. Aunque el grado de seguridad no está en cuestión, el trabajo a iniciativa propia se puede resentir con recortes que desmotivan a todos.