Se la conoce vulgarmente como Ley Ómnibus y ha conseguido que varios colegios profesionales de Aragón levanten el hacha de guerra. En concreto, el Colegio Oficial de Arquitectos; el de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el de Ingenieros Industriales y el de Ingenieros Agrónomos.

Sus decanos han consensuado un manifiesto con el que insisten en que la norma es "un asalto" y puede suponer no solo la asfixia económica de sus organizaciones sino una pérdida de garantía de calidad en los proyectos que ellos tradicionalmente han supervisado. Además, vaticinan que causará un "atasco total" de la Administración.

La Ley que se está preparando apuesta, de momento, por eliminar o restringir el visado, que es la principal fuente de financiación de estos Colegios. Cuando un proyecto va a salir a la luz, un profesional colegiado debe visarlo y darle el visto bueno. Lógicamente, este trámite cuesta un dinero que va a parar a la organización colegial.

No obstante, el proyecto modificado de la nueva ley, que se ha aprobado este verano, propone en su artículo 13 que: "En ningún caso los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias podrán imponer la obligación de visar los trabajos profesionales".

Esto abre, a juicio de los afectados, una enorme indefinición. ¿Quién dará cuenta de la profesionalidad del autor de la obra? Y en caso de que la vise otra entidad pública o privada: ¿Cuáles estarán acreditadas y a qué precio? ¿Quién se hará cargo de la responsabilidad civil y qué aseguradora querrá respaldar estos proyectos?

Miguel Ángel Castillón, secretario del Colegio Oficial de Arquitectos explica que el visado no es un capricho ni un mecanismo de lucro. Esta institución percibe, cada vez que visa una obra, entre el 1,7% y el 3% de los honorarios que el arquitecto ha cobrado, no del coste total del proyecto. Es decir, aproximadamente un 1,5 por 1.000 del total. "Lo que hace esta ley es atacar a los Colegios, pero no solo a su financiación, sino a su labor independiente, transparente y de calidad. Esgrime como argumento un ahorro de costes pero no contempla que actuando así puede encarecerse el precio final: las compañías de seguros subirán sus tarifas o no querrán avalarlos y pueden empezar a surgir litigios por intrusismo profesional", dice.

Mejorar, pero no así

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Salvador Domingo, cree que eliminar el modus operandi actual supondría "acabar con un sistema que garantiza la seguridad de proyectos y personas". Reconoce que el actual método tiene sus carencias, pero vería más adecuado eliminar el artículo que atañe al visado, de momento, y trabajar en los próximos meses en una nueva ley de colegios profesionales.

"La cantidad que percibe el Colegio por el visado, aun siendo fundamental para su supervivencia, es ínfima, de entre un 0,5 y un 1 por 1.000. Ahora sabemos cuánto cuesta la responsabilidad civil del proyecto pero, ¿qué pasará en el futuro?", se pregunta. Cuando el funcionario vaya a visitar, por ejemplo, una línea de alta tensión, pedirá la póliza de responsabilidad civil que ahora firma un titulado competente? Habrá deficiencias, y el Gobierno debe garantizar la seguridad de las personas", añade.

Joaquín Olona, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos, insiste en que "nadie asegura un trabajo que no ha sido visado". Explica que lo que propone esta futura ley es que visar el trabajo solo sea obligatorio cuando la Ley lo establezca o el cliente lo reclame y critica que la norma no ofrezca alternativas. "Se está produciendo una infravaloración del servicio que aportamos desde los Colegios. Además, el visado se tiene que entender como una aportación del colegiado y de independencia y calidad a todo el proceso", explica. "Buscan una reducción de costes pero, ¿a qué precio?", se pregunta.

Además, José Enrique Ocejo, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, insiste en que los más perjudicados pueden ser los usuarios. "El visado certifica que quien visa un proyecto está colegiado y formado, así como la propia calidad de los trabajos", comenta. "Es, en definitiva, una salvaguarda para quien va a comprar una casa o a circular por una carretera", explica.

Alertan de que esta es una primera medida de protesta, pero que van a contactar con más Colegios y políticos para frenar el problema.