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Aragón

VIVIENDA-ARAGÓN

Los aragoneses que rechacen una VPO no podrán optar a otra en tres años

Los pisos que queden vacantes se adjudicarán por antigüedad en el registro de solicitantes, en vez de por sorteo.

Tres años y medio después de que crease el registro único de solicitantes y generalizase el método del bombo para la adjudicación de VPO, el Gobierno de Aragón va a introducir importantes cambios para tratar de corregir y agilizar el proceso, que en algunas promociones se ha llegado a demorar hasta dieciocho meses. El Ejecutivo modificará antes del verano el decreto que regula el Toc-Toc para asignar directa y automáticamente cada piso, eliminando la posibilidad que ahora existe de elegir vivienda; prohibir y penalizar a la primera las renuncias -que rondan actualmente el 50%-; y asignar las VPO que queden vacantes tras el sorteo por orden de antigüedad en la inscripción en el registro.

La Dirección General de Vivienda ya ha comenzado a reunirse con el sector para abordar los cambios y ha encontrado, por el momento, un "alto grado de consenso". "Al principio quisimos cortar con un proceso que era un tanto oscurantista, pero ahora que ha calado entre la ciudadanía que es un proceso transparente, queremos darle más agilidad imponiendo unas condiciones menos rígidas", explicó su responsable, José Luis Castellano.

Para "ahorrar tiempos en la gestión", a partir del verano en los sorteos se adjudicará directamente cada piso. Esto es, a quien le toque una vivienda, sabrá ya qué piso y qué letra exacta (por ejemplo, el 2ºA) y no podrá elegir entre las diversas opciones de la promoción como sucedía hasta ahora, algo que acababa por prolongar excesivamente el procedimiento. Para acelerar todo, la DGA va a reducir también el plazo máximo que tiene cada adjudicatario para presentar la documentación requerida para firmar el contrato de venta. Del mes actual, se pasará a quince días.

Vivienda pretende acabar también con otra de las cuestiones que terminaban por demorar las adjudicaciones: las renuncias. Tal y como informó recientemente este periódico, uno de cada dos aragoneses a los que les tocaba una VPO acababa rechazándola. Actualmente, la ley permitía descartar un piso y poder optar a un segundo sorteo. Pero una vez se modifique el decreto, tal y como avanzó ayer Castellano, se penalizará a la primera.

"No se va a permitir ninguna renuncia, guste o no guste. No tiene sentido que a una persona le pueda tocar dos veces una vivienda y a otra, ninguna", afirmó. De esta forma, cuando un adjudicatario decida "injustificadamente" no adquirir la vivienda que le ha sido asignada será automáticamente dado de baja de la central del Toc-Toc. Y no podrá volver a darse de alta en la misma por un plazo de tres años. "Mientras tengamos más demanda que pisos protegidos, esa va a ser nuestra posición", reiteró.

Esta modificación -que ya se llegó a plantear hace un par de años pero entonces no llegó a implantarse- traerá consigo otra novedad significativa. Los pisos que, pese a todo, queden finalmente vacantes en una promoción no se adjudicarán por sorteo como hasta ahora, sino que se asignarán por estricto orden de inscripción en el registro. Esto es, ya no se elaborará una lista de reservas.

"Creemos que es más justo tener en cuenta la antigüedad en el registro, porque se han detectado casos extremos de ciudadanos que llevan mucho tiempo apuntados y no han tenido suerte en los sorteos", afirmó el director general. Eso sí, Castellano advirtió de que se computará la "antigüedad continuada". De esta manera se pretende "incentivar" al mismo tiempo la actualización de los datos en el registro, en el que hay apuntados actualmente unas 50.000 personas en toda la Comunidad.

Aquellos aspirantes que no hayan comunicado, por ejemplo, un cambio de domicilio podrán no ser localizados a tiempo y perderán su oportunidad. Al igual que con las renuncias, todos aquellos que cometan algún "incumplimiento" (no revisen sus datos personales, no los renueven en el plazo establecido o no declaren sus ingresos correctos, por ejemplo) también podrán ser dados de baja por un plazo de tres años y perderán así también su antigüedad en el Toc-Toc a efectos de posibles adjudicaciones.

Para compensar la imposibilidad de renunciar a las VPO, el Ejecutivo va a introducir también modificaciones que permitirán a los aspirante a una vivienda protegida dejar más claras sus preferencias a la hora de solicitar un piso. Cuando se apunten, además de marcar tres municipios (como hasta ahora), podrán señalar como novedad tres barrios o distritos en los que quieran residir.

También podrán expresar sus necesidades en cuanto al tamaño del piso. Podrán elegir entre viviendas de menos de 50 metros cuadrados, entre 50 y 70, y entre 70 y 90. Esta información servirá además a la DGA, según destacó Castellano, para adecuar la oferta de VPO a las necesidades de los ciudadanos. Actualmente, tal y como comentó, en torno al 90% de los ciudadanos prefieren un piso grande, pero también hay quien solo puede optar por cuestiones económicas a los más pequeños.

La actualización del registro que ya se ha iniciado, permitirá incluir progresivamente estas preferencias a los inscritos. El Toc Toc comenzó en enero a enviar cartas a los solicitantes que llevan más de tres años apuntados (y que son más de la mitad). Se les recuerda que la inscripción caduca y hay que renovarla. Desde la recepción del documento, hay un plazo de 15 días para manifestar que se quiere continuar en la lista. La DGA estima que en torno a un 30 o un 40% de los apuntados no renovarán.

Otra modificación pasará por la unificación de los ingresos mínimos exigidos. Tanto para apuntarse al registro, como para recibir las ayudas se pedirá el salario mínimo interprofesional. Ahora, podía suceder que alguien tuviera ingresos para acceder a un piso, pero no para recibir ayudas.

Todas estas novedades se aplicarán "antes del verano". Una vez se concluya el proceso de diálogo iniciado con el sector, se abrirá un periodo de información pública. Con las alegaciones presentadas, se aprobará definitivamente el texto, que habrá de incorporar también un informe de Servicios Jurídicos. Vivienda confía en tener aprobadas las modificaciones del decreto para mayo o junio.

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