Los alcaldes critican la falta de autoridad para hacer cumplir los decretos vaticanos

Pese a la intensificación en los últimos meses de las acciones de la DGA y del obispado de Barbastro-Monzón para lograr el retorno de los bienes sacros retenidos en Lérida, el desánimo es el sentimiento más extendido entre los alcaldes de los pueblos de los que un día salieron las obras, quienes coinciden en tachar de "vergüenza" el incumplimiento de las órdenes vaticanas y la falta de firmeza de las instituciones civiles en su exigencia.

En Roda de Isábena, de donde proceden hasta 15 de las 112 piezas reclamadas, sigue vivo el recuerdo de mosén José María Leminyana. El entonces párroco fue uno de los 'culpables' de la toma de conciencia de la necesidad de adecuar los límites religiosos a los políticos, que se tradujo en la incorporación de las parroquias del Aragón Oriental a la diócesis de Barbastro-Monzón en 1995. Fallecido en noviembre, Leminyana no vio cumplido su deseo: un museo catedralicio en la seo de San Vicente de Roda que albergara las piezas artísticas. El proyecto languidece de un modo desesperante para los vecinos, presos de un profundo desánimo.

Un desánimo que hace pensar al alcalde de Isábena, el popular Alberto Lamora -siempre combativo en el tema del expolio- que los bienes nunca regresarán. "Ni los veremos en Barbastro, ni en Roda -sostiene- porque sea cual sea la sentencia en el juicio que ahora se está siguiendo -el 18 de mayo se celebró la vista oral por la propiedad de 87 de las obras- habrá un recurso, y luego otro y otro más adelante, eternizando la injusticia hasta que por agotamiento los aragoneses desistamos en nuestra reclamación".

Lamora aboga por un acuerdo entre los dos obispados, "que para eso dependen del mismo Papa", pero cree que será "muy difícil" que las piezas artísticas "y el archivo que debería acompañarlas, mucho más importante si cabe" vuelvan a Aragón "porque políticamente los aragoneses no pintamos nada en Madrid ni en Roma". Lo ocurrido con los papeles de Salamanca es el ejemplo paradigmático para Lamora "de la diferente vara de medir que se aplica para los españoles de primera categoría y los que, como los aragoneses, solemos ser utilizados como moneda de cambio ante las presiones de los que van en el furgón de cabeza".

El alcalde de Isábena dice sentir "vergüenza" ante lo que considera "un desafuero" y lamenta también la falta de autoridad vaticana ante la "contumaz" negativa de los sucesivos prelados ilerdenses a acatar las sentencias de la Santa Sede, que siempre han dado la razón a Barbastro-Monzón como legítimo propietario de las obras. Por si sirve de ejemplo, recuerda la excomunión del obispo de Lérida Pedro Antón y Serra, en el siglo XVII, por llevarse de Roda los sepulcros de San Ramón y de San Valero y negarse a devolverlos pese a un dictamen vaticano.

Vergüenza es un término muy repetido en los pueblos del Aragón Oriental al hablar del litigio. Lo usa, por ejemplo, el alcalde de Santaliestra por CHA, Javier Mur. De allí proceden un alfiler y el retablo de San Cristóbal, una de las doce obras en disputa que se pueden ver en la exposición permanente del Museo de Lérida. "Es una vergüenza -recalca- lo que está ocurriendo porque si desde un principio se hubiera dejado de marear la perdiz y actuado con contundencia, con la misma que lo hizo Cataluña con los papeles de Salamanca, el asunto estaría resuelto hace tiempo".

Complejos y cobardía

Mur entiende que el Gobierno aragonés "parece acomplejado y aterrorizado ante el catalán y no solo en el tema de los bienes", y que el Ejecutivo central "ha pecado de insensible y de cobarde ante las reivindicaciones aragonesas". Considera "hipocresía política" el que no se haya exigido el cumplimiento de las sentencias vaticanas y que la propia Iglesia ilerdense, apoyada por los obispados catalanes, no respete el Concordato.

El hastío se repite en el resto de comarcas afectadas. Cansados de tanta dilación están tanto Francisco Mateo, alcalde de Tamarite de Litera -parroquia propietaria de cuatro piezas expuestas en Lérida- como Joaquín Avellana, de Azanuy, donde recuerdan a duras penas que les pertenece un hostiario. "El proceso que se está siguiendo en este momento es más de lo mismo. Lo procedente es que se cumplan las sentencias, que ya son firmes, y no dilatarlo más con el objetivo de no devolver las piezas, que es lo que parece", opina Mateo (PSOE). Para Avellana (PAR), el litigio tiene tintes políticos porque "la justicia es para cumplirla y para todos igual, aunque algunos parece que no lo entienden así cuando les perjudica". También está convencido de que "no existe interés en devolver los bienes y por eso tardan". Ambos coinciden en que "primero hay que cumplir la sentencia vaticana y después hablar de la gestión". "Lo que quiere la gente es que las piezas vuelvan a su sitio, incluso se les agradece que las hayan conservado", añade Mateo.