La inversión necesaria para trasladar la mayor parte del tráfico pesado de la carretera nacional II (N-II) que discurre entre Alfajarín y Fraga al mismo tramo de la autopista Zaragoza-Barcelona (AP-2) sería de unos veinte millones de euros al año, según los cálculos que maneja el departamento de Obras Públicas del Gobierno aragonés.

La medida, planteada por la DGA para evitar el elevado número de accidentes y fallecidos que se registran en esa parte de la N-II, supondría una importante mejora en la seguridad de una las carreteras con más siniestralidad de España y cuyo desdoblamiento no se plantea para antes de ocho años, aunque está en fase de estudio informativo.

La posibilidad de una liberación total del peaje hasta la localidad fragatina, es decir, que se subvencione el paso de todo tipo de vehículos, se antoja imposible. Esa actuación tendría un coste en torno a los 75 millones de euros anuales, una cantidad que se escapa a las posibilidades presupuestarias, más aún en un escenario de crisis económica.

Por ese motivo, la propuesta del Ejecutivo autonómico se centra en un abanico de medidas que faciliten la retirada de la mayor cantidad posible de camiones de la N-II, cuya elevada presencia en esa carretera es el origen de los principales inconvenientes para lograr una conducción segura.

Casi 7.000 camiones al día

En ese sentido, las cifras hablan con elocuencia. Actualmente, por la AP-2 circulan al día, entre Fraga y Alfajarín, unos 2.200 camiones y 14.370 automóviles. En el mismo tramo de la carretera nacional se registran en una jornada 6.800 vehículos pesados y 2.600 coches. Resulta evidente que el peaje desmotiva a los transportistas de tal manera que por la N-II circula más del triple de camiones que por la AP-2.

La cantidad aproximativa de veinte millones de euros sería el coste de subvencionar el paso por la autopista de los 2.200 camiones que ya lo hacen ahora pagando peaje más el 80% de los 6.800 que prefieren ir por la carretera para ahorrarse ese coste. Se estima que el 20% restante seguiría yendo por la N-II porque su destino u origen está en localidades incluidas en el trayecto Fraga-Alfajarín y viceversa.

Sin embargo, cabe la posibilidad de establecer liberaciones parciales que pueden reducir el coste y también ayudarían a mejorar la seguridad carretera. Un sistema podría ser el establecimiento del peaje gratuito en determinadas horas y otro el de permitir el libre tránsito de camiones por el tramo de la autopista en días concretos de la semana y fechas especialmente señaladas desde el punto de vista del tráfico.

Pero el principal punto de debate es quién debe asumir el grueso de la inversión. La DGA está dispuesta a colaborar, pero entiende que Fomento es el responsable principal de una vía cuyo tráfico mayoritario es de carácter nacional e internacional.

En cualquier caso, el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, cree que "se está en la línea correcta de trabajo: concienciar a Madrid de que este es un problema muy importante que debemos solucionar entre todos". Vicente, que lleva meses planteando esta cuestión, resalta que "no es tolerable continuar con el nivel de siniestralidad durante ocho o diez años más; salvar vidas no tiene precio y lo peor sería que no hiciésemos nada".

Por su parte, Chunta Aragonesista reclamó ayer "celeridad" para que se libere el peaje de la AP-2 y recordó que también es necesaria una medida idéntica con la N-232 entre Figueruelas y Mallén y la AP-68, puesto que es otro de los tramos carreteros más peligrosos de la comunidad.