Dos organizaciones no gubernamentales aragonesas, las fundaciones Federico Ozanam y Ezequiel Moreno, han puesto sus miras en el nuevo plan de retorno voluntario anunciado por el Gobierno. Mientras, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, va desvelando detalles del decreto que se pretende aplicar a partir de julio.

A grandes rasgos, la oferta a los inmigrantes en situación regular que vayan cayendo en paro, y que deseen regresar a sus países de origen, pasará por cobrar todos los subsidios que hayan acumulado en dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Para percibir esas cantidades deberán renunciar a sus permisos de residencia y trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo.

Desde la Fundación Federico Ozanam, como explica el coordinador de empleo y de la bolsa de vivienda, Pablo Villalva, se ha planteado al Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), un proyecto sobre formación y recolocación de extranjeros en situación de desempleo, que se completaría con un "sondeo de campo" para conocer el perfil de las personas que estarían dispuestas a volver a sus lugares de origen y en qué condiciones.

"No hay soluciones definitivas ni aplicables de manera general, y a base de entrevistas personales pretendemos definir un poco los grupos de ciudadanos a los que podría venirles bien esta posibilidad", señala Pablo Villalba. El estudio se realizaría durante seis meses.

Pablo Villalba ya apunta que hay países poco proclives a esta medida, ya que reciben "recursos" que sus "nacionales" envían. "El retorno funcionará si hay una buena coordinación con los Estados y va unido al codesarrollo necesariamente", opina.

Una idea en la que coincide el responsable de acción social de Ozanam, José Lamana. A su parecer un planteamiento de "vuelta a corto plazo" puede tener más respuesta en personas latinoamericanas, que en países africanos o subsaharianos. De todas formas, quedan muchos "cabos por atar" y esperar a conocer los detalles del decreto que prepara el Gobierno.

La presidenta y directora de la Fundación Ezequiel Moreno, Bárbara Marqués, reconoce que la "contratación en origen" se está frenando, mientras el número de desempleados foráneos aumenta. Desde esta entidad, el planteamiento "en fase de investigación" consiste en ofrecer a empresas aragonesas que quieran expandirse en otros países la posibilidad de contratar a ciudadanos oriundos de los mismos que se encuentren en paro y quieran continuar "su proceso migratorio". Eso sí, un regreso "digno", y con "acompañamiento" y apoyo en todo momento.

Por lo que ha trascendido, los beneficiarios serían los ciudadanos de los 20 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España. Entre ellos se encuentran Marruecos, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Ucrania, República Dominicana, Filipinas y México, entre otros. Eso excluye, entre otros extranjeros, a los procedentes del África subsahariana.