Con los votos favorables de PSOE, CHA e IU, la Cámara aragonesa aprobó dos de los cuatro puntos de una proposición no de ley presentada por el Grupo de Chunta Aragonesista (CHA) cuyo objetivo era contribuir a la exclusión de los símbolos religiosos del ámbito institucional.

El texto aprobado incluía un segundo punto, como es la conveniencia de trasladar a las Administraciones locales este acuerdo, a fin de que se adapten a los principios de la aconfesionalidad los actos y espacios públicos.

El portavoz de CHA, que defendió la iniciativa, no vio aprobados otros dos puntos, como son la eliminación de cualquier referencia religiosa de los actos de toma de posesión de altos cargos del Gobierno y la Administración de la Comunidad autónoma.

Tampoco fue aprobado el punto que emplazaba al Gobierno regional a impedir que los miembros del Ejecutivo participen, como tales, en actos y celebraciones no aconfesionales o laicas.

En su intervención, Chesús Bernal, aludió a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la máxima instancia de la Unión Europea (UE) en esta materia, relativa a una demanda de una familia italiana, contraria a la presencia del crucifijo en las aulas no universitarias.

Bernal señaló que es preciso asentar la "separación real y efectiva entre instituciones y confesiones", lo cual es "una vía decisiva para ejercer las libertades".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, apoyó la iniciativa y recordó que el Concordato que regula las relaciones entre España y el Vaticano se aprobó en los primeros días de 1978, ya en periodo de vigencia de la Constitución de 1978, pero remarcó que se negoció antes de que se aprobara la Carta Magna, por lo tanto su contenido es pre-constitucional y lo rechazó.

El socialista Carlos lvarez indicó que "España apuesta por la neutralidad" en materia religiosa y señaló que la sociedad no es como era cuando se redactó la Constitución. Como ejemplo, indicó que sólo el 27 por ciento de los españoles son católicos practicantes, hay 14,5 millones de no creyentes, 1,5 millones de evangélicos y 1.200.000 musulmanes.

lvarez señaló que no todos los locales públicos son iguales y como ejemplo indicó que no es igual un Parlamento que la capilla de un hospital público.

La regionalista María Herrero (PAR) consideró que este problema es "inexistente", en el sentido de que "llevamos 30 años conviviendo en paz sin ningún problema" y recordó que la Constitución de 1978 garantiza la libertad religiosa, tras lo que señaló que el 75 por cien de los ciudadanos españoles se sienten católicos.

El diputado del PP Antonio Suárez criticó el "fundamentalismo laicista" de CHA y recordó que la Constitución de 1978 menciona expresamente la Iglesia Católica y emplaza a contemplar su especial incidencia en la sociedad española.

Sobre la propuesta de que los representantes del Gobierno autónomo no puedan acudir, como tales, a actos religiosos, Antonio Suárez afirmó que el paso siguiente sería "cargarse la Ofrenda de Flores" a la Virgen del Pilar.