Las Cortes de Aragón acordaron ayer por unanimidad instar al Gobierno autonómico a firmar con el Estado un convenio para ejecutar y gestionar las obras hidráulicas del Pacto del Agua que fueron revisadas en la Comisión del Agua. Además, solicitaron que la DGA acuerde con el Gobierno central su participación en la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que recoge el Estatuto y que elabore una Ley de Aguas y Ríos de Aragón que regule una organización hidráulica propia.

Los grupos parlamentarios recuperaron el consenso sobre las obras hidráulicas, diluido en el pleno anterior, al separar la cuestión de las iniciativas sobre el trasvase a Barcelona. Este proyecto volvió a sembrar la discordia a pesar de que la decisión anticipada de Iglesias de pedir la derogación del decreto-ley a Moncloa y de recurrir los actos administrativos que genere podría haber facilitado algún acuerdo.

Sobre los embalses del Pacto del Agua, no hubo problemas para sacar adelante las iniciativas planteadas por PP y PAR para reclamar un convenio DGA-Estado que agilice su ejecución. Bastó con aceptar las enmiendas encaminadas a delimitar que no se trata de todas las actuaciones acordadas en 1992, sino las revisadas por la Comisión del Agua, y a que el PAR rebajase sus planteamientos sobre la reserva hídrica.

Los aragonesistas solicitaban que el Pignatelli acordase con el Ejecutivo central el traspaso a la Comunidad de la gestión de esa reserva hídrica. Para Javier Allué (PAR), la petición es "plenamente constitucional" y tiene precedentes en Andalucía, Valencia y Castilla y León. Antonio Suárez (PP), Bizén Fuster (CHA) y Adolfo Barrena (IU) coincidieron en negarse a respaldar ese punto por considerarlo inconstitucional, contrario al principio de unidad de cuenca y una medida bilateral similar a las que rechaza la Comunidad para oponerse al trasvase a Barcelona o el cálculo del caudal ecológico del Delta entre el Estado y Cataluña. Carlos Tomás (PSOE), eludió el asunto y se limitó a exponer que la política hidráulica debe estar presidida por el "diálogo" con el Estado.

Finalmente, el PAR accedió a cambiar en su texto el concepto de traspaso a la Comunidad Autónoma de la gestión de la reserva hídrica por el de participación en la misma junto al Estado y todos los grupos votaron a favor.

A la greña con el trasvase

El cambio de posicionamiento del Gobierno aragonés respecto al trasvase a Barcelona alentaba la posibilidad de que salieran adelante dos proposiciones: una de IU, para instar a la DGA a exigir la derogación del decreto-ley que habilita ese proyecto, y otra de CHA para reclamar lo mismo y, además, para que el Ejecutivo autonómico recurra ante la jurisdicción contencioso-administrativa todos los actos jurídicos dictados por el Estado o la Generalitat en virtud de ese decreto, como la adjudicación de las obras.

Puesto que la DGA ya ha requerido a Moncloa y a la Generalitat la retirada de la norma y ha anunciado recursos, las propuestas no parecían polémicas. Sin embargo, Barrena advirtió que no aceptaría el primer punto de la de CHA porque justificaba la derogación del decreto en la superación del estado de emergencia con las lluvias y su partido lo rechaza porque "se opone a cualquier trasvase, con o sin lluvias".

Tras pactarse un texto enmendado sin modificaciones sustanciales, CHA, alentado por PSOE y PAR, se negó a admitir la votación por separado de los dos puntos de su propuesta. No se explicitó, pero el problema era que en el segundo no se recogía la superación del estado de urgencia garcias a las lluvias, lo que, de haberse aprobado en solitario, hubiera sido contrario a la tesis que ahora marca el Pignatelli para oponerse al proyecto trasvasista sin contradecir su anterior apoyo.

El PP, que había anunciado un voto a favor, e IU aseguraron entonces que eso rompía el acuerdo alcanzado en la negociación y votaron en contra. Allué, Fuster y Javier Sada (PSOE) mantuvieron que en el pacto no se había incluido la votación por separado.