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Aragón

CON EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Las Cortes convalidan el decreto ley de medidas administrativas para facilitar la actividad económica

El Pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado, con los votos del PSOE y el PAR, el decreto ley de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en la Comunidad con el rechazo de la oposición, que duda de su seguridad jurídica y cree que abre la puerta a la "arbitrariedad".

El decreto, según ha expuesto en el Pleno el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, se justifica en la necesidad "urgente" de aportar soluciones "contundentes" a la "extraordinaria" situación de crisis que afecta a la Comunidad y constituye una reacción "eficaz y oportuna" para que se ejecuten, antes de que acabe la crisis, las posibles inversiones creadoras de empleo.

El Decreto-Ley de Medidas Administrativas Urgentes tiene como objetivo facilitar la actividad económica en Aragón y dar prioridad a los proyectos que generen más empleo, e introduce una nueva figura, la de Inversión de Interés Autonómico, que se concederá a los proyectos de especial relevancia para la Comunidad para que cuenten con una tramitación "preferente y urgente".

En estos casos, la Administración aragonesa tratará de reducir al menos a la mitad los plazos ordinarios de los procedimientos administrativos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Cuatro proyectos

De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes la declaración de cuatro proyectos de interés autonómico, tres públicos del Departamento de Medio Ambiente (el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, el de Aguas Residuales y el de Gestión Integral de Residuos de Aragón) y uno privado, impulsado por la empresa SAICA.

Sin embargo, PP, CHA e IU, a pesar de estar de acuerdo en que hay que actuar para paliar la crisis económica, votaron en contra de la convalidación del decreto y reclamaron su tramitación como proyecto de Ley para poder introducir mejoras a través de enmiendas, aunque PSOE y PAR votaron en contra de esta posibilidad.

En su intervención, Manuel Guedea, del PP, aún considerando positivo que se trate de facilitar la instalación de nuevas empresas en 2009 y que detrás del decreto no está el impulso al complejo de ocio y juego de Gran Scala, ha recalcado que existe legislación que puede solucionar los problemas que se plantean y ha estimado que con la figura de inversiones de interés autonómico se abre la puerta a los conflictos.

Además, ha subrayado que el decreto puede "solaparse" con las leyes Urbanística y de Ordenación del Territorio, en tramitación parlamentaria, y ha echado de menos, si lo que se pretende es combatir la crisis económica, que no diga nada de nuevas infraestructuras, vivienda, energía, empleo, educación e I+D+i.

Para Chesús Yuste, de CHA, se trata ya de un "decretazo" cuya aplicación va a ser "fuente de problemas" porque el Gobierno no fija criterios objetivos para la declaración de inversiones de interés de la Comunidad y reinará la "arbitrariedad".

Se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de evitar trámites innecesarios y duplicidades, pero ha incidido en que la declaración de interés autonómico es un "cheque en blanco" para el Gobierno, que "puede decidir lo que le plazca" con el único criterio que su "santa voluntad" y éste es, en su opinión, el "gesto" que los promotores de Gran Scala estaban esperando del Ejecutivo.

Adolfo Barrena (IU), además de denunciar que el Gobierno coarte a la oposición la posibilidad de hacer aportaciones al tramitar las medidas como decreto, ha expresado su preocupación por la "discrecionalidad" que el Ejecutivo "se abre para sí mismo".

Barrena, quien ha compartido con el resto de grupos la necesidad de actuar ante la crisis, de preocuparse por las empresas y los trabajadores y de garantizar las inversiones y el dinamismo de la actividad económica, ha afirmado que "no vale cualquier cosa por la crisis", ni ser "complaciente" con todos los expedientes de regulación de empleo ni dar "cheques en blanco en función de unos intereses".

Antonio Piazuelo, del PSOE, ha defendido el decreto por cuanto persigue simplificar y dar un impulso a los procedimientos administrativos ante una situación excepcional, y ha rechazado las "desconfianzas" de la oposición, a la que ha emplazado a que especifique qué arbitrariedades ha cometido el Gobierno de Aragón.

Javier Allué, del PAR, ha asegurado que el decreto no tiene nada que ver con Gran Scala y que establece todas las garantías y mecanismos de control, ha reiterado que pretende potenciar la economía y el empleo, también para los proyectos de interés autonómico, que determina el Gobierno para "separar el grano de la paja para avanzar", y ha considerado que contiene medidas que deberían tener vocación de permanencia.

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