La reciente crisis que ha sufrido el sector minero español ha puesto de relieve la necesidad de redoblar los esfuerzos en la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan quemar carbón sin disparar las emisiones. Muchos políticos, incluido el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, han hecho hincapié en que ahora el gran reto es desarrollar esas técnicas 'limpias'. Sin embargo, hay que perder de vista que dentro de tres años, cuando caduque el decreto de ayudas, la captura y el almacenamiento de CO2 distarán mucho de ser una realidad.

La comunidad científica tiene depositadas muchas esperanzas en la creación de grandes depósitos subterráneos que permitan almacenar de forma segura millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, los expertos avisan de que, en el mejor de los casos, la captura y el almacenamiento de CO2 empezarán a aplicarse a nivel industrial en torno al año 2020.

"No hay que llevar a engaño a la gente, en 2014 Aragón estará muy lejos de implantar esas tecnologías -señala Rafael Moliner, investigador del Instituto de Carboquímica que el CSIC tiene en Zaragoza-. Siendo optimista, las instalaciones que ya se están desarrollando de forma experimental podrían permitir la puesta en marcha de las primeras plantas industriales entre 2015 y 2020, pero yo creo que será más bien hacia el final de esa ventana de tiempo".

En el mismo sentido se expresa el director del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) de la Universidad de Zaragoza. "Dentro de la Plataforma Cero Emisiones, una coalición en la que están presentes las empresas energéticas más importantes de Europa, hay un consenso oficial y generalizado en que antes de 2020 no se pondrán en marcha las primeras centrales industriales con captura y almacenamiento de CO2 -señala Antonio Valero-. Ese será el horizonte mínimo en el que nos moveremos si todo va bien, pero es que además me da la sensación de que en Europa, y en especial en España, las cosas están yendo más lentas de lo que deberían". Según Valero, el problema no es que la tecnología genere dudas, sino la lentitud con la que están actuando los gobiernos.

"Hace tres años, al Ministerio de Industria le propusimos que creara una empresa nacional que se encargara de impulsar y gestionar los almacenes de CO2, pero nada -pone como ejemplo el director del Circe-. Es lo de siempre: si nos dormimos, otros países nos cogerán la delantera y luego para eliminar nuestro CO2 tendremos que pagarles, cuando debería ser al revés".

Actualmente, en España ya hay varias iniciativas experimentales en marcha. El proyecto de referencia, avalado por la Comisión Europea con una subvención de 180 millones de euros, es el que desarrollan Endesa, la Fundación Ciudad de la Energía (Ciudén) y la compañía Foster Wheeler. Incluye la creación de una instalación de captura de 30 megavatios (MW) en la comarca leonesa de El Bierzo, junto a la central térmica de Compostilla, y la puesta en marcha de un programa de almacenamiento en Hontomín (Burgos). Además, si todo va bien, hay prevista una segunda fase en la que se construiría una central de 300 MW asociada a un sumidero subterráneo de gran capacidad.

"En 2015 deberíamos tener la primera central con captura de España y otras cinco más en distintos países de Europa -explica Vicente Cortés, director del programa de captura de CO2 de Ciudén-. En 2020 la tecnología tendría que ser comercial para su despliegue, y en 2025 estar lista para su empleo en grandes países emisores como China o India".

En Asturias, el científico aragonés del CSIC Juan Carlos Abanades lidera la puesta en servicio de otra planta piloto de captura que en un principio tendrá 1 MW y que si obtiene los resultados deseados dará paso a una segunda instalación de 30 MW. "Allí se está trabajando en la captura en fase de la postcombustión, que es la tecnología que tendría que aplicarse, por ejemplo, en la térmica de Andorra -destaca Rafael Moliner-. El sistema aplicado en la planta de Ciudén se basa en la combustión con oxígeno, y solo es válido para las centrales de nueva creación".