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TRIBUNALES

Larraz se niega a dar los contratos del Gobierno investigados por la Fiscalía

El PP insta a «depurar responsabilidades políticas» y el consejero le acusa de usar «electoralmente» el informe del Tribunal de Cuentas.

El consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, se negó ayer a entregar al PP los 22 contratos que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza está investigando después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectara posibles infracciones penales en la gestión de 2004 y 2005 de la DGA. «Los expedientes están muy bien donde están. Nos van a permitir que los aplacemos a cuando aparezcan o desaparezcan las decisiones de la Fiscalía», argumentó Larraz, que se centró en cuestiones de forma y evitó entrar al fondo, salvo para aclarar algunas cifras de las subvenciones repartidas.

A partir de ahí, arremetió contra el PP por hacer «un uso electoralista» del informe del Tribunal de Cuentas, «por afear conductas de los demás cuando el PP no es paradigma de transparencia», por «filtrar la información a los medios», por ser «desleales» y acabó acusando a los populares de «desprestigiar a la administración» y «montar una algarada sembrando la preocupación de los funcionarios».

«Su partido quiere imputar responsabilidades antes de que la Fiscalía se pronuncie. No vamos a permitir un juicio paralelo», espetó al diputado del PP Antonio Suárez. También le reprochó que no hayan seguido los cauces ordinarios en este tipo de informes y haya solicitado una comparencia antes de convocar la ponencia para su estudio «sosegado». No obstante, hay que recordar que es la primera vez que la Fiscalía detecta «supuestas infracciones penales» en la gestión de la DGA.

Suárez no se quedó corto y elevó la tensión del debate de forma excesiva en algunos momentos (dijo a Larraz que tenía «un problema psiquiátrico»). «Usted miente, miente, miente», reprochó. Intentó evidenciar sus contradicciones, al asegurar por un lado que no iba a entregar los documentos porque se estaban investigando y a la vez afirmar que iba a dar detalles en una comisión de Economía a petición propia, que aún no ha activado. «Al margen de las posibles responsabilidades penales, tenemos la obligación de tener toda la información y depurar políticamente las responsabilidades», advirtió Suárez, que le acusó de «tener problemas de mala gestión».

La trifulca no se quedó ahí, aunque los protagonistas cambiaron. La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, exigió aclaraciones y respeto a todos los grupos. «Hay actitudes en esta Cámara totalmente reprobables. No solo grosería, también hay falta de respeto y prepotencia», recriminó. El diputado del PSOE Antonio Piazuelo avivó la polémica y se dirigió a los diputados nacionalistas con un «todo lo que ustedes hacen lo podría hacer mi grupo». Más sosegado, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, instó también a que la DGA aporte información para «eliminar cualquier sombra de duda».

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