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LA CALIFICÓ DE "IMPROCEDENTE"

Lambán se enfrenta a la DGA por la nueva regulación sobre contrataciones locales

El proyecto de ley causa malestar en algunos ayuntamientos porque las restricciones no se extienden al resto de las administraciones.

Javier Lambán, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), arremetió ayer contra el proyecto de ley reguladora del Patrimonio, el Servicio Público y la Contratación Local de Aragón, que calificó de "improcedente". Lambán criticó los aspectos propiamente técnicos de la norma que plantea el Gobierno de Aragón al asegurar que se van a crear "dificultades, sin ningún tipo de dudas" en la gestión de los ayuntamientos pero también hizo una lectura política al afirmar que es "chocante" que "se regule lo ajeno y no lo propio", ya que el proyecto de ley se refiere en exclusiva a la Administración local.

El presidente de la DPZ aprovechó la ocasión para revelar que "desconocía" la existencia de este proyecto, como "suele ocurrir" -añadió- con las iniciativas legislativas de la Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior, cuyo titular es Rogelio Silva (PAR). Lambán dijo que la Consejería de Silva, con quien mantiene públicas diferencias en el debate sobre el papel de las diputaciones provinciales y las comarcas, "legisla permanentemente sobre las corporaciones locales sin tener en cuenta la opinión de estas". A pesar de sus críticas al modelo planteado, Lambán dijo que "todo lo que sea avanzar en transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso a contratos o servicios de la administración, bienvenido sea".

El malestar era patente ayer en fuentes próximas a algunos de los ayuntamientos más importantes de Aragón, sobre todo porque las restricciones se limitan a sus contratos. Pese a ello, las reacciones públicas fueron en general comedidas. Desde la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias consideraron que no va a dar tiempo a que las Cortes aprueben el proyecto en esta legislatura. Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza prefirieron no opinar al desconocer el texto y estar pendiente su tramitación parlamentaria.

Por su parte, el alcalde de Huesca, Luis Felipe (PSOE), se mostró a favor de los mecanismos legales que garanticen una total transparencia del uso de los recursos públicos y que, al mismo tiempo, supongan acortar plazos para agilizar la gestión. Según dijo, la mayoría de los ayuntamientos y administraciones acuden al contrato menor para conseguir una mayor rapidez en los procedimientos.

El alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), calificó de "vuelta atrás" la normativa que prepara la DGA para rebajar el importe máximo que los ayuntamientos pueden adjudicar de forma directa. Blasco explicó que cuando el legislador elevó el valor de una obra o servicio que se podía contratar sin publicidad "no lo hizo de forma arbitraria sino por facilitar y agilizar procedimientos que se eternizaban, y aportar así operatividad a los ayuntamientos". Para Blasco es un "error" que cada comunidad autónoma pueda regular esta materia a su voluntad.

Asimismo, el alcalde de Calatayud, Víctor Ruiz (PSOE), apeló a la autonomía municipal y dijo que "los ayuntamientos han demostrado que no necesitan tutelajes indebidos". No obstante, Ruiz instó a que "caiga todo el peso de la ley allí donde haya irregularidades".

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