La Universidad de Zaragoza acostumbra a encabezar clasificaciones de movilidad de alumnos, de inversión por estudiante o de creación de empresas. Sin embargo, en los últimos meses ha pasado a formar parte de una lista en la que, sin duda, preferiría no aparecer. La institución académica aragonesa es una de las diez públicas españolas que tienen problemas de financiación. De hecho, la de Zaragoza está en el grupo de las cuatro que se encuentran en una situación de déficit más preocupante y que ven cómo los recursos que generan ni siquiera cubren sus gastos de personal y funcionamiento. Según un informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en la misma situación se encuentran las de Burgos, León y Salamanca.

Esto se debe en gran parte a que las partidas que reciben estas universidades de sus correspondientes administraciones autonómicas no cubren al 100% los costes de personal (el principal gasto de las instituciones). En Aragón, la DGA suele aportar el 80% de ese importe destinado a pagar a las plantillas. El resto se abona con los ingresos que la institución académica obtiene con las tasas de las matrículas de los alumnos o los fondos conseguidos por los investigadores, entre otras fuentes.

La transferencia de la DGA para este año aún no se ha publicado. La del pasado curso fue de 128,1 millones de euros. Si se compara esta cifra con la de otras instituciones, la Universidad de Zaragoza tiene una de las transferencias corrientes para gastos ordinarios más bajas de España. En concreto, hasta 15 puntos menos que otras con semejante número de estudiantes, según el informe hecho público por la CRUE.

Los problemas de financiación podrían repercutir en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior -conocido como plan Bolonia- si no se consiguen más fondos. Ese proceso requiere una transformación de las carreras y de la metodología docente que no se podrá hacer sin dinero suficiente. Esa inversión será esencial también si se quiere continuar potenciando la investigación.

Fórmula de subvención

En tiempos de austeridad, la solución a este déficit no resulta sencilla. DGA y Universidad negociarán en los próximos meses un acuerdo de financiación para los próximos ejercicios, ya que el actual caduca este año. Con el ahora vigente, el Ejecutivo y la institución académica seguían un acuerdo basado en una compleja fórmula por la que el primero garantiza una financiación básica de la segunda que incluye un incremento anual del IPC. Con esto, la DGA aporta dinero para el gasto corriente y el personal y, aparte, destina otros fondos para acciones específicas.

Para el nuevo acuerdo, el rector mantiene la postura que defendió en su programa electoral y que plantea que la financiación se establezca en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto de la comunidad. Manuel López persigue conseguir una inversión estable que permita hacer previsiones de futuro y que garantice la puesta en marcha de las reformas Por su parte, la Administración aún no ha hecho pública su postura, aunque, según ha trascendido, se estudia aplicar algún sistema de dotación de fondos en función del cumplimiento de objetivos.

La Universidad sufre el problema de la financiación a nivel nacional. De hecho, el jueves, el presidente de la Conferencia de Rectores, Angel Gabilondo, advirtió al Gobierno central que el proceso de Bolonia, "cuesta dinero", que no será posible "a coste cero" y que se requieren esfuerzos inmediatos. Además, un reciente informe del Consejo de Universidades concluyó que en España hace falta incrementar la financiación 2.733 millones de euros, de los que el 80% debería provenir de las administraciones públicas y el resto de fuentes privadas. Este estudio sugiere una distribución de los recursos de forma que el 1% del PIB vaya para docencia y el 0,5% para investigación. De los 2.733 millones, 1.000 estarían relacionados con el plan Bolonia.