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Aragón
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PRESENTADAS 258 ENMIENDAS

La tramitación de la Ley de Lenguas divide a las Cortes

Los grupos parlamentarios de las Cortes han presentado 258 enmiendas a la proposición de ley de Lenguas del PSOE, que muestran que en el Parlamento hay dos visiones contrapuestas sobre el contenido de esta norma, que fue tomada en consideración el pasado 8 de octubre.

Cuantitativamente, CHA es el grupo que más enmiendas ha presentado, 111, seguido del PP, con 60, el PAR, con 48, e Izquierda Unida, con 39, mientras que en el ánimo del PSOE está buscar el mayor número de acuerdos y que la ley salga "con el mayor consenso posible", según el diputado socialista Carlos Álvarez.

Algo que, a priori, no parece que vaya a ser una tarea fácil si se tienen en cuenta las diferentes posturas expresadas por los otros cuatro portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes mostradas hoy en sendas ruedas de prensa.

La denominación de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón y la enseñanza de éstas en las zonas predominantes son dos de los aspectos de que más controversia generan, así como las propuestas sobre la cooficialidad en los territorios en los que se hablan.

Así, el Partido Popular no acepta que se llame "aragonés" y "catalán" a las lenguas propias de la Comunidad, y plantea que sean denominadas "modalidades lingüísticas locales habladas en el Aragón oriental" y "modalidades lingüísticas locales habladas en el Alto Aragón" y el PAR ofrece dos alternativas: una para no poner nombre a ninguna de las dos lenguas y otra para que sean denominadas "aragonés" y "aragonés oriental", opción que justifican en criterios no sólo filológicos, sino también históricos y psicológicos.

IU, por su parte, apuesta por el establecimiento de la cooficialidad en las zonas históricas de uso predominante y por que los aragoneses que hablan catalán o aragonés en sus diferentes modalidades tengan reconocidos sus derechos lingüísticos y puedan ejercerlos, y CHA pretende garantizar el reconocimiento de los derechos de los hablantes en dos niveles: el individual y en sus relaciones con las administraciones públicas.

Los grupos también muestran profundas diferencias en cuanto a la enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas, y así mientras el PP y el PAR piden que ésta sea un derecho, pero voluntario, y rechazan que utilicen como lenguas vehiculares en la enseñanza, IU aboga por la enseñanza "de" y "en" las lenguas propias y la implantación de la gradualidad obligatoria y progresiva de su enseñanza, así como por la formación del profesorado que habrá de impartirlas.

El diputado de CHA Chesús Bernal ha recordado, en este aspecto, lo que establece la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, y ha apostado por la enseñanza de las lenguas en las zonas predominantes y, al menos, por la impartición de una asignatura en estas lenguas, algo que ya se está haciendo pero fuera de currículum.

Cooficialidad

Otro de los aspectos que generan posturas encontradas en la ley es el de las relaciones con las administraciones públicas. En este sentido, el PP rechaza la propuesta del PSOE por "genérica" y por entender que generaría un gasto "innecesario" al requerir una importante inversión en cuanto a traducción.

La propuesta del PAR en este aspecto es que nunca se pueda plantear la cooficialidad, pero sí que se puedan usar para las relaciones con las administraciones públicas exclusivas de las zonas predominantes, y siempre para los procedimientos que las propias administraciones decidan y que empiecen y terminen en el territorio.

En sus enmiendas, IU propone una composición más equilibrada del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y la creación de un órgano administrativo que gestione la implantación de la ley, con plazos y presupuestos.

CHA pretende, sobre todo, recuperar el consenso de la Comisión Especial de Política Lingüística, que elaboró en 1997 un dictamen que sólo rechazó el PP y que a juicio de Bernal no ha sido tenido en cuenta en la redacción de la proposición, así como que se respete el ordenamiento jurídico aragonés, como la Ley de Patrimonio o de Derechos de la Persona, que incluyen premisas sobre las lenguas que ahora no se tienen en cuenta.

El PAR, por otro lado, pide la creación de la Academia de las Lenguas Aragonesas como órgano competente para fijar las normas y reglas de uso de estas lenguas.

 

 

 

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