Los partidos de la oposición consideraron ayer "inaceptable" que la DGA recurriera a fondos públicos para tapar la quiebra de uno de sus proyectos estrella, la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego. La confirmación, hecha en una declaración jurada por parte del ex consejero delegado de la Corporación de Empresas Públicas, generó indignación entre los portavoces de PP, CHA e IU, que coincidieron en exigir responsabilidades de forma enérgica.

El diputado del PP Eloy Suárez fue especialmente duro, ya que tildó la gestión económica del Gobierno como la "más desastrosa, turbia y sospechosa de toda su historia", por lo que exigió el cese "fulminante" del consejero de Economía, Alberto Larraz. Suárez destacó que, en caso contrario, el presidente Iglesias "estará avalando y asumiendo como responsabilidad propia un escándalo sin precedentes que se suma al hecho inédito y vergonzante de la investigación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de la DGA en 2004 y 2005".

El portavoz del PP se preguntó si el equipo del presidente creía posible "ocultar" la quiebra de CAG y las pérdidas millonarias en las empresas participadas, que suman casi 19 millones de euros. Y destacó la gravedad de que se "dilapidara" dinero público en CAG para evitar, como declaró Coello, el "seguimiento" de los medios de comunicación. "En definitiva, y aquí está la clave de un escándalo inaudito de corrupción en la gestión pública, el objetivo era usar de forma espúrea el dinero de los ciudadanos para que esos mismos ciudadanos no se enterasen de la incapacidad de su Gobierno para manejar los fondos públicos", destacó Eloy Suárez.

Para el diputado de CHA Chesús Yuste los hechos reflejados en la información de este diario son "muy graves" y demuestran "una actitud y comportamiento inaceptables por parte de la Administración". Yuste subrayó que no solo se "despilfarró dinero público, sino que se utilizó también dinero público para borrar las huellas y se culpó a otros", dijo en referencia a la gestora de capital riesgo Möbius.

Por todo ello, el diputado nacionalista adelantó que estudiarán la petición de una comisión de investigación para que dé explicaciones Larraz y el propio Coello, en la medida que sea posible, dado que las dadas hasta ahora serían "mentira". Según el reglamento de las Cortes, la comisión debe aprobarla el pleno a propuesta de dos grupos o de la quinta parte de los diputados.

Por su parte, el coordinador de IU-Aragón, Adolfo Barrena, reclamó a la DGA que asuma responsabilidades y ponga encima de la mesa toda la contabilidad (algo a lo que se ha negado en reiteradas ocasiones) de las empresas: "Este tipo de hechos son muy graves y deben tratarse con responsabilidad, sin buscar rédito electoral".