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CUENTAS PÚBLICAS

La oposición exige explicaciones y critica la "turbia" gestión

Los grupos de la oposición criticaron al unísono al Gobierno de Aragón a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y exigieron que dé las oportunas explicaciones con urgencia. Las Cortes de Aragón fueron ayer un hervidero y todos los portavoces convocaron a los medios para exponer la gravedad de la situación.

El más duro fue el PP. Su portavoz, Eloy Suárez, pidió el cese del consejero de Economía, Alberto Larraz, por las supuestas irregularidades, que contribuyen a pensar en una "gestión turbia" y un "mal manejo de fondos públicos". Apuntó que las cuentas públicas "se han manejado de una forma impresentable". El popular resaltó que si Larraz actuara con responsabilidad, "habría dimitido" o Marcelino Iglesias "lo habría cesado". Recalcó que el presidente aragonés tiene dos opciones: optar por la claridad o seguir enrocado y negar la evidencia. Y añadió que la Comunidad "no se merece un presidente a media jornada y con una consejera y candidata que está bajo la lupa del ministerio fiscal" (Eva Almunia era titular de Educación en los años investigados).

Nieves Ibeas y Adolfo Barrena coincidieron en que el Ejecutivo autonómico debe dar la cara. La líder de Chunta opinó que Iglesias no tiene otra salida que comparecer en el pleno. A su juicio, "jamás" se había llegado al nivel actual y recordó que Larraz admitió tiempo atrás que sería "grave" que se derivaran acciones penales de la supervisión de las cuentas. La dirigente nacionalista mencionó que cuando CHA alertó de la concesión de "tantas subvenciones sin convocatoria" y de las sucesivas modificaciones de crédito, la respuesta del consejero fue que el informe de 2004 y 2005 "era uno más". Por su parte, el portavoz de IU remarcó que las revelaciones pueden provocar "una falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas". Barrena confió en que, una vez concluya la investigación, quede claro que se ha cumplido la ley.

Desde el lado de los grupos gubernamentales, Jesús Miguel Franco (PSOE) afirmó que se trata de un problema "habitual" que rehusó "sobredimensionar", puesto que otras comunidades presentan irregularidades similares. En esa línea, Javier Allúe (PAR) resaltó que Aragón sigue "la práctica habitual" en contabilidad.

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