La oposición censura que el trasvase sea "permanente" y pide a Iglesias que actúe

La oposición cargó ayer en bloque contra el convenio que firmarán el lunes el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para el trasvase de agua a Barcelona. PP, CHA e IU coincidieron en señalar que el documento -que fija que la tubería será de ida y vuelta y no podrá desmontarse- demuestra que la obra "no es puntual, sino que nace con voluntad de permanencia". Además, todos censuraron que el acuerdo incluya ya la previsión de que la conducción pueda volver a utilizarse aprobando otro decreto-ley.

Sin embargo, el Gobierno autonómico, que sigue empeñado en negar que se trate de un trasvase, se felicitó, sorprendentemente, por lo que consideró "nuevas garantías". Según explicaron fuentes de la Presidencia, el que la canalización sea de doble sentido asegura que "no se va a detraer más agua del Ebro". "Es una buena medida -señalaron- porque si hay necesidad en Tarragona, no sería preciso aumentar caudales, sino que podrán cubrirse con agua procedente de la desaladora del Prat".

Además, celebraron que se cite "expresamente" el requisito de un nuevo decreto para su reutilización ya que, en su opinión, es una "garantía adicional" a la caducidad que ya cita el decreto-ley. Nada dijeron en cambio sobre las dudas que genera el hecho de que la tubería no tenga ningún tramo desmontable.

Los más críticos fueron los populares. Consideraron que el convenio "pone en evidencia, todavía más, las mentiras que se están planteando desde el Gobierno central, con el silencio y el apoyo del Ejecutivo aragonés". Su portavoz en las Cortes, Antonio Suárez, insistió en que el trasvase "no va a ser temporal". "Uno no se gasta 180 millones para desmontar la tubería o no volverla a utilizar", reiteró. Además, defendió que, pese a lo que se está intentando vender, "no es solo para agua de boca". "Es para el abastecimiento del área metropolitana, y eso engloba más usos", recalcó.

Para el popular, la postura del presidente aragonés está cada vez más "en entredicho", conforme se van conociendo nuevas informaciones que confirman "las sospechas" del PP. Y mientras, censuró, "el presidente continúa absolutamente entregado a Zapatero" y "no defiende los intereses de la Comunidad". El portavoz anunció que su grupo parlamentario continuará presentado iniciativas en las Cortes sobre el trasvase.

Los nacionalistas también arremetieron con dureza contra la obra. "Es un trasvase con vocación de permanencia, tanto por la inversión, como la tipología de la conducción y las declaraciones del presidente catalán, que lo ha calificado como el extintor de Barcelona", señaló el diputado, Bizén Fuster. Recordó que "hay muchas formas" de hacer una conducción y "se ha optado por la más cara". Para el nacionalista, la situación de emergencia esgrimida en Barcelona "no es sino el pretexto para hacer una obra permanente". "Es el caballo de Troya", argumentó.

Para Adolfo Barrena (IU), los nuevos datos no hacen sino confirmar "la debilidad de los argumentos de Iglesias, del PSOE y del PAR". "Están aceptando algo que evidentemente es un trasvase y que supone un cambio en la política hidráulica, porque abre la puerta a más trasvases", criticó. En su opinión, a la DGA "le quede cada vez menos tiempo" para responder con el Estatuto de Autonomía y presentar un recurso de inconstitucionalidad. Por eso, Barrena instó al Ejecutivo a tomar medidas, para lo que contará con "todo el apoyo" de la coalición. "Desde luego, si no lo hacen, no van a tener nuestra complicidad", advirtió.